La tarea del interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense demandará como mínimo 180 días, aunque fuentes oficiales revelaron a Página/12 que “es probable que se prorrogue”. Ayer, Felipe Solá dio una conferencia de prensa para confirmar la intervención. Los temas más conflictivos son la desmilitarización del SPB, la reducción de la cúpula, la investigación de los legajos y el control directo sobre las compras. Se anunciarán relevos para la semana próxima. En la interna penitenciaria ayer se vivía un clima tenso. Aunque públicamente se niega, en el Gobierno tienen reservas sobre posibles motines. El jefe desplazado, José Laumann, dijo que todo es culpa de la superpoblación.
“Ya se planeaba la intervención desde hace unos dos meses”, reveló a Página/12 uno de los hombres que participó en el diseño de la nueva etapa. Tres semanas atrás todo estaba listo pero “se prefirió desplazar la decisión porque se venía encima el tema de la seguridad”. El miércoles pasado por la noche se tomó la decisión. El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, citó al polémico jefe del servicio, José Laumann, y le informó la novedad: quedaba relevado del puesto, junto con el segundo, el también polémico Daniel Iglesias. Ayer, Felipe Solá confirmó la intervención e hizo una síntesis de los objetivos. La conferencia fue interrumpida cuando el gobernador se retiró molesto por las repreguntas de un periodista.
En lo inmediato, Cabrera, un abogado que ya había estado a cargo del Servicio Penitenciario Federal durante los ’90, se hizo cargo y desplazó a Laumann e Iglesias. Un paquete con cuatro proyectos de ley que será enviado en pocas horas a la Legislatura, es la base de la reforma: una ley para declarar la emergencia penitenciaria, lo que permitirá tomar medidas de fondo durante la intervención; otro proyecto, para reformular el órgano de conducción. Hoy existen diez direcciones generales por debajo de la jefatura (ayer disuelta). “Son demasiadas. Entre tanto número se pierde la posibilidad de control”, dijo uno de los funcionarios que trabajó en la redacción.
Un tercer proyecto propone el escalafón único con la idea de desmilitarizar al servicio. Hasta ahora, a los suboficiales sólo se les exige escuela primaria. El proyecto propone un curso de ingreso y una carrera única; y será obligatorio el título secundario. El cuarto proyecto propone que los sumarios por denuncias y el control sobre el personal lo ejerza en forma directa la Dirección de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, por decreto el gobierno monitoreará la evolución patrimonial de los jerarcas en forma permanente. Por resolución ministerial se organizará una base de datos de legajos de personal e internos, con actualización permanente, y con acceso a jueces penales y autoridades ministeriales. Hasta el momento, el único que sabe dónde está un preso es el SPB. La base de datos coincide con una de las recomendaciones presentadas al gobierno por la Comisión por la Memoria la semana pasada.
El ex jefe del SPB José Laumann discrepó con la intervención: “Todo es mentira –dijo–, están presentando esto como si fuera un antro de perdición”. Laumann cargó las responsabilidades sobre la superpoblación carcelaria. Su queja no explica los negociados como el que se detectó en la compra de 400 mil kilos de carne a 2,9 pesos el kilo, cuando seis meses atrás la misma cantidad se compraba a 6 pesos el kilo. La diferencia es de 1.240.000 pesos. Públicamente, las autoridades negaban cualquier atisbo de motín (la respuesta mafiosa usual a una medida desagradable), aunque los motines en Ezeiza y Tucumán (cárceles ajenas al SPB) desataron versiones y alertas. Ayer, cuando la conducción civil se instalaba en “Los de la Seis” (como se conoce en la jerga a la cúpula del SPB porque el edificio se encuentra enla calle 6 de La Plata), la tensión de los pasillos se cortaba con una faca.