Por Alicia Castro *
El ministro de Economía, cimentando las nuevas exigencias del FMI, ha salido a machacar la figura del delito de subversión económica, sustentando su crítica en dos falsedades: dijo que provenía de una ley “de Videla” y que esa figura penal afecta la seguridad jurídica. En primer lugar, la ley 20.840 de “Seguridad Nacional” no es una “ley de Videla” sino que fue sancionada y publicada en el Boletín Oficial en 1974. Esta ley, surgida de un gobierno constitucional, pudo haber servido para los fines de los sucesivos gobiernos de facto que han dominado la Argentina hasta el año 1983; pero en el año 1984, la ley 23.077 de “Protección del Orden Constitucional y la Vida Democrática” revisó en forma total a la anterior y derogó más de la mitad de sus artículos, aniquilando todo vestigio de persecución ideológica: esa ley, en momentos de enorme sensibilidad hacia los derechos humanos luego de años de dictadura, mantuvo expresamente el delito de “subversión económica”. Esta figura sirve para reprimir el vaciamiento de empresas cuando se pretenda destruir, dañar, hacer desaparecer y enajenar indebidamente los bienes de una empresa y sanciona, con pena agravada esta conducta, cuando el hecho afecta al suministro de bienes de uso común, cuando se causa perjuicio a la economía nacional o cuando se pone en peligro la seguridad del Estado. Es la única figura penal que reprime el vaciamiento y, por lo tanto, la única que mantiene viva, por ejemplo, la investigación sobre la destrucción económica y comercial de Aerolíneas Argentinas. En efecto, las denuncias que realicé sobre el conjunto de maniobras e ilícitos destinados a perjudicar económica, comercial y financieramente a nuestra línea aérea de bandera sirvieron para que el fiscal Rusconi, entonces a cargo de la Ufitco, promoviera una denuncia penal contra quienes resulten responsables de la gestión denunciada, por la comisión del delito de “Subversión Económica Agravada”. Como vemos, esta figura de “Subversión Económica” no aumenta la inseguridad jurídica, tal como sostienen a coro Remes Lenicov y Anoop Singh. Lo que aumenta la inseguridad jurídica son las irregularidades de la Corte Suprema, las maniobras por las cuales el Estado en complicidad con el sistema financiero han confiscado los ahorros de los ciudadanos, la brutal pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones laborales, la facilidad con que los funcionarios de turno dicen una cosa y hacen otra, y el nuevo endeudamiento al que se somete a los ciudadanos para pagar la estatización de la deuda privada de los grandes grupos económicos y el nuevo seguro de cambio que favorece a los bancos. Mientras los ciudadanos intentan, en medio de la impotencia y la desolación, instalar otro orden de prioridades, la corporación política insiste, con mentiras, en mantener el sistema de impunidad y de saqueo.

* Diputada Nacional del Frente para el Cambio.