“Si no armamos algo bueno, cuando llamemos a elecciones se presenta El Viejo y nos gana.” “El Viejo” es Carlos Juárez, el hombre fuerte en desgracia de Santiago del Estero. Pero, todavía, el hombre fuerte de Santiago del Estero. Quien formula el vaticinio es uno de los principales operadores políticos del gobierno nacional, que redondea su razonamiento: “Una intervención federal triunfa cuando impone sus candidatos en elecciones limpias”. Y ese objetivo, analiza el gobierno nacional mirándose en el espejo, por ahora está distante.
“Armar algo bueno” es formatear un peronista, afín a la Rosada, que sea candidato a gobernador... y gane. Un fantasma ronda las mentes del gobierno nacional, el de la anterior intervención en la provincia que terminó en el regreso del (ya entonces) anciano Juárez. Un ejemplo más feliz orienta sus utopías, la intervención en Tucumán, la que permitió que en 1991 Ramón “Palito” Ortega llegara a ser gobernador, en un fenomenal rush de la vitrola al poder.
“Arrancamos mal”, computa el interlocutor de Página/12 mirando por la ventana de su despacho a la Plaza de Mayo. El radicalismo tiene su candidato, quien ya está en campaña. En Santiago del Estero, como en tantas provincias argentinas, la capital provincial es gobernada por la oposición política. Su intendente, Gerardo Zamora, “ya está caminando”, se embroncan en Balcarce 50.
Otro candidato ya itinerante es el intendente de la segunda ciudad de la provincia, La Banda, Héctor Ruiz. Radical de origen, frepasista en los ’90, “Chabay” Ruiz quiso ser el añorado candidato oficialista a gobernador. De hecho, Ruiz tuvo su acercamiento a Kirchner tiempo ha, antes de las elecciones presidenciales. Tanta fe se tenía “el Chabay” que se “coló” en el micro en que llegaron los funcionarios de la intervención federal para hacerse cargo de su gestión. Le fue mal, según cuenta un funcionario que ahora atiende en Santiago del Estero: “Aníbal Fernández le dijo de todo por su audacia. Y cuando se bajó del bondi en la plaza principal de Santiago la gente lo abucheó”. Para las espadas del kirchnerismo, Ruiz “fue”. Con la sangre en el ojo el hombre, que lidera un partido provincial propio, empezó a autopostularse como candidato y dejando en claro que “a la intervención no hay que darle un cheque en blanco”.
“Los otros” salieron de las gateras, la intervención no las tiene todas consigo puesta a proponer su hombre a la dolida sociedad santiagueña. Nadie espera que el interventor Pablo Lanusse se afane en tales menesteres. Elegido por su conocimiento de la sociedad provincial, por su perfil institucional, el ex fiscal “no se mete en política”, explican en su torno. Lo suyo es la regeneración institucional. El recambio en el máximo tribunal provincial, aseguran en Santiago y cerca de la Pirámide de Mayo, fue impecable y tiene su marca. ¿Y “la política”?
Esa tarea compete a dos especialistas, Pablo Fontdevila (jefe de Gabinete) y Luis Ilarreguy (ministro de Gobierno). Ilarreguy, un duhaldista del interior bonaerense, ex intendente de Ayacucho, es el más activo operador del gobierno nacional y mantiene celular rojo con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. La tarea de Ilarreguy no es sencilla. El sistema político provincial no sólo está hegemonizado por el juarismo, también está permeado por su espíritu. Los intendentes suelen compartir, en menor escala, el descrédito que nimba a la dinastía Juárez. El mandatario peronista de Termas de Río Hondo, Luis Ceres, causó una buena primera impresión a la task force de la Rosada. Pero cerca del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde –el funcionario nacional, junto a Lanusse, que más ha caminado la provincia– aseguran que su predicamento social no es el mejor y que se acumulan denuncias en su contra.
El ala política de la intervención observa con preocupación los movimientos de los intendentes. “Son operadores de Juárez, en su mayoría”, explica uno de sus integrantes a este diario. Y empieza a preguntarse si la intervención federal no debería ampliarse a los municipios. “El territorio sigue siendo de ellos”, sintetizan cerca del interventor.
Los intendentes son un rompedero de cabeza, pero el peculiar sistema político santiagueño tiene otros funcionarios que preocupan aún más. Son los llamados “comisionados municipales”, designados a dedo, sin que medien comicios, por el Ejecutivo santiagueño. Los 28 intendentes, electivos, sólo tienen poder sobre el ejido urbano de las ciudades y pueblos más grandes. Los 43 comisionados, digitados (obviamente por los Juárez), administran los pueblos más pequeños y sus ejidos rurales. Los pueblos pequeños, el interior, las zonas rurales, como suele ocurrir en tantas provincias argentinas, son la base política más sólida de su casta gobernante. El feudalismo usualmente es inversamente proporcional a la urbanización.
Hablamos de “los Juárez”, aunque en Balcarce 50 están persuadidos de que el cabal personaje a vencer es Carlos Juárez y no su esposa, a la sazón gobernadora en desgracia. El tiempo pasa y, como es de rigor en política, juega contra los inactivos. La intervención se pautó por un semestre, prorrogable a un año. Ilarreguy y Aníbal Fernández piensan que las elecciones deberán celebrarse en seis meses o en poco tiempo más. Un pingüino con oficinas en la casa de gobierno piensa diferente. Le augura a este diario que “la intervención durará un año. Néstor (Kirchner) tiene ese plazo in pectore, aunque no lo dirá por ahora”.
Semestral o anual, la cuenta regresiva corre. Una intervención sólo triunfa cuando prorroga su influjo en el gobierno ulterior piensan en el Gobierno. Y a los peronistas, así sean kirchneristas, no les gusta perder ni a la bolita. Tanto que algunas mentes oficiales hasta acarician la idea de llevar a Santiago “por esta única vez” el engendro de la Ley de Lemas. “¿No sería un papelón?”, pregunta Página/12. “Peor sería que ganara El Viejo”, le replican.
¿Sería posible? Todo es posible en Macondo, máxime si el aparato territorial del juarismo permanece casi intacto.