Chavela Vargas, formidable intérprete de canciones tradicionales mexicanas, tiene en su repertorio una creación del famoso José Alfredo Giménez, titulada Vámonos, que habla de un amor imposible y en una estrofa el protagonista declara: “Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales”. Es probable que la misma declaración podrían repetirla miles de seguidores de la “cruzada Axel”, la mayoría sin saber siquiera que las culturas de clase media y alta están infectadas de prejuicios sobre los pobres. Juan Carlos Blumberg opinó ante la prensa que el jueves concurrieron menos ciudadanos que en la movilización anterior debido a la anunciada presencia de algunas organizaciones de piqueteros, pese a que éstas habían aceptado las condiciones del convocante para asistir con el mismo espíritu pacífico que los demás.
Acierta Elisa Carrió, titular del ARI, cuando advierte: “El día que podamos entender que tenemos que reclamar por derechos elementales de nuestros hijos, pero también de los hijos de las madres pobres, ahí me parece que la cuestión va a andar muchísimo mejor”. Sobre todo porque antes del asesinato de Axel, era nutrida la nómina de los caídos en los barrios pobres sin que ninguna institución de la república o gobernante haya dedicado el tiempo y la urgencia aplicados en las últimas semanas. Esa exclusión de los que menos tienen es tan injusta que por siglos los mayores relatos de redención elaborados por la inteligencia humana y las bases comunes de las religiones reivindicaron la igualdad y la fraternidad como principios irrenunciables. Sin hacerse cargo de esos valores, las reformas más eficientes de la seguridad y la justicia serán siempre incompletas.
Tampoco los pobres y los excluidos, por ser víctimas de la desigualdad, están libres de sus propios prejuicios y resentimientos acerca de otras capas de la sociedad. Algunos de sus dirigentes reducen los problemas de la seguridad y de la injusticia a las cuestiones económicas, con lo cual no hacen otra cosa que reafirmar la idea equívoca de que la pobreza es la causa central de la criminalidad. A no ser que, en realidad, lo que proponen sea la eliminación del régimen capitalista, fuente actual de la sociedad dividida en clases, pero lo disimulan. Si dicen lo que en verdad piensan, deberían tomar en cuenta los estudios y las experiencias internacionales, de los que se deduce que la condición económica no es precondición obligada para el delito sino en todo caso sus consecuencias socioculturales, en primer lugar la desintegración de la identidad personal y familiar.
Si los jóvenes, adolescentes y aun niños, en un entorno de máxima pobreza pierden el sentido de la propia vida, ¿por qué deberían valorar la vida ajena? Blumberg se equivoca cuando generaliza las excepciones y afirma que hay “padres degenerados que envían a sus hijos a matar”, porque esa percepción, aparte de exagerada, elude, o peor todavía, ignora la cuestión de la pobreza y sus secuelas culturales. La lucha para eliminar las raíces de la pobreza lleva años, pero la recuperación de esos muchachos y chicas no necesita esperar tanto. De lo contrario, deberían ahorrarse el esfuerzo de futuras reformas y bajar la edad de imputabilidad a los diez años, porque a medida que pasa el tiempo la desesperación sin sentido atrapa a sus víctimas cada vez más temprano.
Estos sencillos enunciados del problema, lejos de agotar ni siquiera la descripción del fenómeno, confirman que la complejidad de las soluciones verdaderas requiere más que algunas medidas prácticas, de “sentido común”, o que el catálogo de títulos reformistas presentados por el gobierno nacional con la etiqueta de plan estratégico. Tarea vana la de ponerse a discriminar los méritos de las proposiciones, que los tienen, o los defectos, algunos de los cuales ya han sido señalados por especialistas enla materia, porque cada una de ellas necesita elaboración más completa y detallada, además de contrastarla con los resultados concretos.
Lo que no puede negarse es el reflejo político del Gobierno para responder al desafío que le propuso la multitud bonaerense que siguió a Blumberg al Congreso y al Palacio de Justicia. Mostró también que la visión sobre la seguridad tiene una amplitud tal que llega incluso a la siempre postergada reforma política y quizá debió incorporar elementos reparadores de la gran injusticia, la exclusión social. A pesar de los rápidos reflejos, hay evidencias de que el Poder Ejecutivo está pasando por un cuello de botella. El establishment que siempre lo observó con suspicacia, y con irritación después del último 24 de marzo, está buscando provecho de la situación, metiendo cuñas en la relación del Gobierno con las capas medias, baluarte de su popularidad.
Néstor Kirchner hizo una buena faena, partiendo de su debilidad de origen, para acumular poder popular, pero no pudo lograr que esa acumulación se traduzca en fuerza institucional. Si la reforma política avanza, está claro que aumentarán las resistencias de la corporación partidaria, en primer lugar en el PJ ya que una auténtica reforma desestabilizaría los poderes internos de los tradicionales caciques. La sola depuración de las fuerzas de seguridad ya es un ataque directo al método de las cajas negras con las que se financian campañas electorales y se enriquecen los que brindan protección al delito uniformado. La penetración de la droga, cada vez mayor, en el submundo del hampa, es una fuente inagotable de riquezas mal habidas, incluso para los banqueros que lavan el dinero sucio.
Llevados por la impresión de la debilidad circunstancial del Presidente, algunos intereses económicos que venían mascando freno se han lanzado a conseguir prebendas de ocasión. A las siempre presentes presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para subordinar la autodeterminación nacional, hay que sumar la crisis energética, preñada de amenazas para los consumidores, y hasta los deliberados trastornos en los trenes metropolitanos que provocan la legítima indignación de los usuarios, todos ciudadanos tan “decentes” como los que marchan con la vela en la mano y los modales educados, donde también se pueden contabilizar muertes y heridas semanales. La concesionaria ferroviaria, subsidiada por el Estado, aducía falta de locomotoras, pero olvidó informar que se debía a una incautación judicial por falta de pago a los proveedores japoneses.
Presionado por campañas mediáticas que reflejaban y a la vez incentivaban el descontento popular, el Poder Ejecutivo puso dinero del Tesoro nacional para recuperar las locomotoras con una premura que sería deseable para que resuelva, por ejemplo, el demorado ajuste de las jubilaciones más míseras y del salario mínimo. Existen fondos en el Estado que son más abundantes que los previstos para el excedente fiscal, sobre los que quieren meter mano el FMI, los bonistas y las corporaciones de economía concentrada. Así como pudo armar una respuesta para la seguridad, las autoridades podrían diseñar un cronograma de inversión de esos excedentes en beneficios directos a los sectores más retrasados y al rescate de los jóvenes sin futuro, ya que esos beneficios fortalecerían el mercado interno, mientras que los aumentos de tarifas van a parar al bolsillo privado de los concesionarios.
Dicho de otro modo: o el Gobierno sigue avanzando en beneficio de las mayorías o no tendrá más remedio que retroceder hasta los límites que la derecha propia y ajena están dispuestas a tolerar. Para cumplir con la promesa hecha al único hijo asesinado, Blumberg salió a buscar la solidaridad de sus iguales, con los resultados conocidos. Del mismo modo, el Gobierno tiene un resorte constitucional que espera debutar: la consulta popular. Que sean las mayorías de votos las que inclinen la balanza en el mejor sentido, en vez de confiar el destino a la habilidad política de un caudillo o a las maniobras de los lobbies y de los internismos partidarios. Estas son las oportunidades para que líderes y pueblos ganen su lugar en la historia.