“Ustedes siguen pagando 52,32 pesos un pack de diez blisters de Haloperidol –el medicamento genérico de un antipsicótico muy utilizado– mientras que los talleres protegidos estatales venden la misma cantidad a 3 pesos. El diazepam –genérico del Valium– lo compran a 21,21 por cada 10 tiras aunque los laboratorios públicos lo venden a 1,50.” Romina, una asambleísta del Cid Campeador de 25 años, pelo negro lacio y tez clara, miró fijo al subsecretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Vidal. “¿Cómo pueden explicar tanta diferencia? Difícilmente así ayuden a los hospitales”, reprochó a coro con Sergio, un vecino de Parque Rivadavia que llevaba la lista de datos. El funcionario porteño enmudeció. Estaba rodeado, en su propio despacho, por representantes de 16 asambleas barriales que le llevaban un propuesta de 23 puntos para enfrentar la crisis sanitaria. Tenía ante sus narices un ejemplo palpable de cómo los autoconvocados avanzan sobre las instituciones con la meta de cambiarlas.
–Desconozco –contestó Vidal ante las cifras que los vecinos expusieron. Habló de los bretes económicos, prometió proyectos y abastecimiento para los hospitales, relataron algunos de los presentes.
–Esto no es cuestión sólo de dinero, es una decisión política –rebatió Viviana, una psiquiatra de San Telmo. “La salud no es cara, la hacen cara”, dice un volante que reparte la asamblea de su barrio.
Las asambleas tienen, en su mayoría, su propia comisión de salud destinada a trabajar sobre problemas de los hospitales y salitas de la zona. Muchas de esas comisiones convergieron, a su vez, en una Coordinadora de Salud que ya elaboró un proyecto concreto para paliar la crisis sanitaria desde una perspectiva diferente a la que impulsó el Gobierno en el decreto con que reconoció la emergencia a mediados de marzo. El reclamo de un rol activo del Estado, incluso en la fabricación de medicamentos genéricos, es uno de los ejes. Otro es la participación de las asambleas en consejos de salud que funcionen dentro de los hospitales (ver aparte).
En el diseño de estos proyectos los asambleístas no están solos. Cada quince días intercambian puntos de vista y reciben información de especialistas de la Comisión Pro Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina (UBA) que coordina el médico Claudio Capuano y que integran los expertos en salud pública José Carlos Escudero y Marcos Meeroff, el genetista Víctor Penchaszadeh y la socióloga Celia Iriart, entre otros. Ya tuvieron dos reuniones. Participaron 28 asambleas y médicos de varios hospitales. Un tema clave fue el de los medicamentos.
Lidia, una partera de 48 años de la asamblea de Saavedra, participa en los foros de Medicina y explica: “La canasta oficial de genéricos es engañosa. No se consigue en todas las farmacias, las fórmulas en que se entregan los remedios no son las que suelen prescribir los médicos sino los remanentes de los laboratorios, tampoco la cubren las obras sociales y aún retrotrayéndose a los precios diciembre los valores sigue siendo altos”.
Este grupo de científicos y vecinos dará a conocer el miércoles un relevamiento que, explica Capuano, “demuestra que Argentina es capaz de tener una producción estatal de medicamentos genéricos a bajo costo, lo que los volvería accesibles y generaría incluso un ahorro que podría utilizarse en otras acciones de salud, preventivas, curativas o de desarrollo social”. “Hasta ahora los gobiernos han manejado la política de favorecer a los monopolios”, cuestiona. “El Instituto Malbrán, por ejemplo, hace 12 años fabricaba insulina, pero Carlos Menem dejó de darle insumos para eso. Hay muchas instituciones capaces de producir genéricos: hospitales, universidades, hasta el laboratorio de las Fuerzas Armadas”, ilustra. La reunión de los vecinos con el subsecretario de Salud porteño, un hombre calmo y de discurso seductor, duró más de dos horas. Vidal dejó una puerta abierta para un nuevo contacto, que sería esta semana, y que los asambleístas no piensan desaprovechar. De ese primer encuentro, que se hizo la semana pasada, se fueron satisfechos a medias. La misma sensación arrastraron de una audiencia que les concedieron a comienzos de marzo en el Ministerio de Salud de la Nación. Los hicieron pasar a un salón revestido en madera y sentarse ante un desfile de mozos que les servían agua fría para contrarrestar el calor. Los atendió el secretario del titular de la cartera, Marcelo Duhalde (que no tiene ningún parentesco con el Presidente), y lo acompañaba la secretaria de Atención Sanitaria, Graciela Rosso. Duhalde coronó su intervención con un comentario: “Si los vecinos se hubieran acordado antes de controlar a los funcionarios no estaríamos en esta situación”, reprodujo uno de los caceroleros presentes.
–Sabe lo que pasa, nosotros fuimos educados con la Constitución y nos dijeron que el pueblo gobierna a través de sus representantes, pero nuestros dirigentes nos mintieron –le contestó Carlos Tcholakian, de la asamblea de Corrientes y Scalabrini Ortiz.
Tcholakian, un viajante de comercio que no pierde el entusiasmo, sostiene que “racionalizar por decreto no sirve”. “Nosotros esperamos, como prevé la Ley Básica de Salud de la Ciudad, poder conformar los consejos en los hospitales que incluyan a funcionarios, trabajadores de la salud y a la comunidad”, dijo a Página/12. “No es para ser funcionales al sistema sino para controlar y pelear por lo nuestro desde adentro –aclaró–. Seguiremos presionando para que todo el mundo acceda a ese derecho que es la salud.”