El programa de trabajo en las cárceles es la iniciativa con mayor respaldo del Plan de Seguridad y, curiosamente, porque se trata de una medida contra los que ya fueron penados, la considerada más eficaz para bajar el delito. Nueve de cada diez personas consultadas la pusieron como prioridad en la materia. Junto con ella tienen altos niveles de apoyo el proyecto de justicia rápida para las personas detenidas in fraganti, la prevención en base a un mapa del delito y una reforma de las fuerzas de seguridad.
Así lo señala una encuesta de la consultora Analogías, realizada entre el 21 y 22 de abril en base a 550 entrevistados mayores de edad de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
El trabajo midió tres variables. La primera de ellas fue la imagen de la reacción del Presidente frente al problema de la seguridad, comparada con la imagen posterior a la primera marcha de Blumberg. En ese sentido, la consultora concluyó que los entrevistados ven hoy una mayor capacidad de respuesta, preocupación y búsqueda de soluciones.
“Ha aumentado el nivel de gente que percibe a Kirchner más involucrado (recordemos que hace 20 días un 94 por ciento pretendía que estuviera cerca del tema) y aquellos que aprueban la reacción del Gobierno pos marcha del 1 de abril”, señala el trabajo. 63 de cada cien lo ven firme para terminar con la inseguridad, contra un 61 por ciento de la medición anterior.
Pero las aguas se dividen en cuando se proyecta la posibilidad de éxito del Plan de Seguridad. En esa segunda variable aún hay dudas: el 46,5 por ciento de los encuestados cree que puede tener bastante o mucho éxito, mientras que el 30,3 respondió que tendrá poco o ningún resultado. La designación de León Arslanian como ministro de seguridad bonaerense obtuvo un 42 por ciento de apoyos contra 33 puntos de rechazo.
Un tercer grupo de preguntas testeó las medidas del plan de Seguridad. La consultora encontró que sobre el tema la gente tiene opiniones formadas, muy pocos entrevistados se escudaron en el no sabe/no contesta.
El programa de trabajo en cárceles fue considerado eficaz por el 91 por ciento; el proyecto de justicia rápida para los delitos in fraganti el 88,3; el mapa nacional del delito 85,3; la modificación en las carreras y administración de las fuerzas de seguridad 81,9; el reordenamiento de la justicia penal el 80,9 por ciento.
Otras medidas con respaldo son el juicio por jurados (72,1 por ciento), la protección a testigos e imputados (70,9), y la intervención de la justicia ordinaria en temas de narcotráfico (69,2 por ciento).
También la consultora de Enrique Zuleta Puceiro (Opinión Pública, Servicios y Mercados) preguntó cuáles serían las mejores medidas para combatir la inseguridad. Las respuestas pusieron en primer lugar el sistema de juzgamiento rápido para los detenidos in fraganti (90,4 por ciento), seguido del programa contra la deserción escolar, que incluye la apertura de escuelas en las zonas más desfavorecidas (89,9 por ciento), la construcción de ocho cárceles (83,5). La participación de la sociedad civil en los ascensos policiales registró un 83,4 por ciento de adhesión y el aumento del equipamiento para las fuerzas de seguridad un 82,5.
La mayoría de la gente se mostró a favor de un plan que comience con pocas medidas concretas destinadas a detener la ola de delitos (58,3 por ciento), antes que por una reforma estructural profunda (34,6 por ciento).
La institución señalada con más chance de contribuir fue la Policía Federal (61,7), seguida del Poder Ejecutivo (48,6) y el Congreso (48,3). En cambio, los gobernadores e intendentes son vistos como figuras con poco para aportar positivamente al tema.
Para la mayoría (57,3 por ciento) el Plan de Seguridad es un intento de solución real al tema y sólo un 36,3 lo consideró un fuego de artificio para ganar tiempo. A diferencia de Analogías, el estudio de OPSM encontró expectativas con el nuevo programa. De cada 100 consultados, 62 dijeron que será efectivo y otro 10 por ciento eligió la opción “muy efectivo”.
La encuesta se desarrolló entre los días 20 y 23 de abril, con una muestra nacional de 1100 entrevistas directas a mayores de 18 años. El relevamiento se hizo en 65 ciudades, con un nivel de confianza del 95 por ciento.