El interventor de Santiago del Estero, Pablo Lanusse, dio un nuevo golpe contra los Juárez. Tras analizar los contratos que vinculan a la provincia con distintas empresas privadas, firmó dos decretos que servirán de puntapié para la desarticulación de la red económica implementada por el viejo caudillo. Ambas resoluciones terminan con los beneficios de que gozaba el privatizado Banco Santiago, propiedad del empresario financista de Carlos Juárez, Néstor Ick. “La idea es transparentar y sanear las vinculaciones del Estado y que exista un mercado económico genuino e igualitario para los que quieran participar”, explicó Lanusse.
La administración Juárez tejió durante años una red que vinculaba al Estado y a los empleados públicos con determinadas empresas y comercios amigos. En 1996, en pleno auge de las privatizaciones menemistas, el Banco de la Provincia pasó a manos del empresario Ick y se convirtió en el Banco de Santiago del Estero SA. La nueva entidad fue designada por Juárez como la encargada de las finanzas locales, y por sus servicios la provincia comenzó a pagarle 450 mil dólares mensuales más IVA, que en ese entonces significaban un monto idéntico en pesos. El 14 de enero de 2002, luego de la crisis de diciembre del 2001 y de la devaluación, el entonces gobernador dictó un decreto que determinaba que las comisiones seguirían pagándose en dólares pese a que la pesificación era la regla que se imponía en el resto del país.
El primero de los decretos que firmó Lanusse termina con este favoritismo, anulando aquella resolución de Carlos Juárez. En los próximos días, una vez que la Contaduría General determine el monto exacto, el banco de Ick será intimado a devolver los importes que la provincia le pagó de más. La Fiscalía de Estado, por otro lado, efectuará las denuncias penales que correspondan. “Hay que analizar que los 450 mil pesos, que era el monto que debía regir entre las partes, fue aumentado en un 40 por ciento porque se tomó la cotización de 1,40 que regía el día que se realizó, tan sólo siete días después de que se sancionara la ley de pesificación”, detalló Lanusse.
En el mismo decreto, el interventor también declaró nula una cláusula que disponía que la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones se consideraran como servicios y que, por lo tanto, el Banco de Santiago percibiera una comisión altísima que ascendía al 0,75 por ciento de lo recaudado, más una suma fija de 15 centavos por cada comprobante procesado.
Desde que desembarcó en Santiago del Estero, la intervención comenzó a analizar en detalle todos los contratos que vinculan a la provincia con distintas entidades como el Banco Santiago, Hamburgo Compañía de Seguros y Mercurio SA. Los resultados de esta revisión a cargo del ministro de Economía provincial, Miguel Pesce descubrieron que “existían actos administrativos nulos y que se habían dispuesto sobreprecios por los servicios que el banco le prestaba a la provincia”.
El otro decreto que firmó Lanusse involucra a otras dos empresas de Néstor Ick. La primera es Hamburgo, la compañía de seguros que los empleados públicos debieron comenzar a utilizar desde 1996, cuando Juárez determinó la derivación compulsiva de todos aquellos que se encontraban bajo la estatal Caja Nacional de Ahorro. La otra empresa se llama Mercurio y es la encargada de administrar Sol, la tarjeta de crédito que, también de forma obligatoria, utilizan quienes ocupan puestos públicos. Ambas firmas, más el Banco de Santiago, gozaban de un sistema de cobro diferente al del resto de los proveedores del Estado provincial.
El día 25 de cada mes, estas empresas debitaban sus importes directamente de la cuenta de Rentas General de la provincia –dinero proveniente de la coparticipación– habilitada, obviamente, en el Banco Santiago. Mucho antes de que los empleados cobraran sus sueldos y que la provincia pagara aportes y otros gastos administrativos, las empresas de Ick se aseguraba el cobro automático de las cuotas que por diferentes servicios percibían de los trabajadores. “A partir de ahora, el Ministerio de Economía dictará los actos necesarios para que estas firmas retornen al procedimiento ordinario que utiliza para el resto de los usuarios del sistema de cobro de sus acreencias, a través de los descuentos y retención de haberes a los empleados públicos”, determina el decreto que firmó el interventor.
“El análisis de los contratos que ligaban a la administración pública con distintos sectores privados responde a uno de los fines que nos hemos planteado para recuperar la calidad institucional –explicó Lanusse–. Ese objetivo apunta a revertir cuestiones de inequidad, irregularidades y aquellas que pudieran revistar alguna cuestión de ilicitud.”