Por Cledis Candelaresi

Previendo que los juicios por montos multimillonarios contra el Estado argentino que tramitan en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) puedan tener en algunos casos un pronunciamiento adverso, el gobierno de Néstor Kirchner embistió contra ese tribunal arbitral en otros ámbitos internacionales, descalificándolo como instancia para solucionar controversias.
A través de una flamante presentación realizada en París ante la OCDE, y luego también elevada a la Cepal, la Procuración del Tesoro cuestiona “el sesgo comercialista” de ese órgano del Banco Mundial que, entre otras debilidades, “no considera variables socioeconómicas”, como las que desembocaron en la devaluación y pesificación y hoy impiden satisfacer las aspiraciones de los inversores. “Hay una proporción creciente de argentinos que se alimentan con desperdicios”, señala ese texto, en un intento de mostrar al mundo la magnitud del derrape económico local. La otra cara de la estrategia defensiva oficial es sumar a organizaciones sociales para que se presenten como “terceros” en los expedientes que iniciaron las empresas privatizadas, advirtiendo sobre los negativos efectos que tendría sobre la empobrecida población local un ajuste de tarifas. El Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) estaría entre las primeros.
La Argentina tiene el honor de acumular alrededor del 80 por ciento de las demandas presentadas en el Ciadi contra un estado nacional por eventual ruptura de contratos. Una categoría de relcamos es la que formularon las empresas privatizadas, que exigen en conjunto una indemnización de 16 mil millones de dólares por la pesificación de sus tarifas, que por contrato o normas posteriores estaban ligadas a la evolución del dólar. Es, quizá, la amenaza más contundente pero no la única.
En el mismo tribunal se tramitan otras demandas, como las formuladas por Azurix, la subsidiaria de Enron que operaba el servicio de agua potable de la provincia de Buenos Aires. O la que encaró Siemens, a quien en el 2001 la administración de Fernando de la Rúa le rescindió el contrato de impresión de DNI e informatización de pasos fronterizos alegando su excesiva carestía e incumplimientos. A estos casos se suma un variado menú de reclamos, incluido el singular pedido de resarcimiento de la carrocera chilena Metalpar: pretende una indemnización del Estado porque su cliente argentino (otra firma privada pero argentina) no pudo cumplir con sus pagos en dólares tras la devaluación.
Hasta el momento, ningún demandante desistió del trámite, a pesar de que la administración kirchnerista lo impuso como condición para renegociar los contratos con las privatizadas. “Esto podría derivar en un escándalo jurídico, porque algunas empresas podrían firmar nuevos contratos y, al mismo tiempo, conseguir un laudo”, advirtió ante este diario el Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti. En Buenos Aires, también se toma nota de que el Ciadi admite como reclamantes a accionistas minoritarios de un consorcio y así “avala la estrategia a dos puntas de ciertas empresas, que por un lado renegocian sus contratos con el gobierno argentino y por el otro la demandan antes los tribunales”. Algo que ocurrió con CMS, socia de Transportadora de Gas del Norte: mientras esa firma norteamericana reclama ante el Ciadi, TGN se sienta a revisar el su licencia con la Unidad de Renegociación.
Frente a estos malos indicios, los abogados argentinos cuestionaron ante la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la Cepal la propia esencia y funcionamiento del tribunal bancomundialista, al que acusaron por escrito de “responder a cierta exigencia del capital globalizado” y no funcionar como un sistema. Algo que, entre otras cosas, impide “apelar sus decisiones”. A decir de aquel escrito, al que accedió Página/12 en forma exclusiva, el Ciadi es un cuerpo “autorreferencial yhermético”, ya que resuelve sobre su propia competencia y, básicamente, ignora la jurisdicción local.
El otro argumento de descalificación es que el Ciadi “tiene dificultades para incorporar variables socioeconómicas”, como las que demuestran que Argentina habría tenido sobradas razones para vulnerar los contratos del modo que lo hizo. El cuerpo de defensores oficiales subraya la “insensibilidad del régimen arbitral internacional” que se niega a considerar cuestiones tales como que “tres de cada diez chicos viven en la indigencia”, que “enfermedades típicas de la pobreza se reproducen a niveles nunca pensados en el siglo XXI” en la Argentina. O que ignora las dramáticas circunstancias que precedieron a la última crisis, como la drástica fuga de capitales y la “caída sustancial del PBI...mayor a la sufrida en el crac de los años 30 en los Estados Unidos”.
Para forzar una discusión sobre estas cuestiones o simplemente con el ánimo de dilatar una serie de dictámenes que se prevén adversos, la defensa argentina también resolvió sumar como actores de las causas a organizaciones intermedias que plantearían ante los árbitros del Banco Mundial esa dimensión social. El Cels podría hacer punta con un planteo en defensa de los derechos de los castigados usuarios argentinos, argumentando que a éstos resultaría imposible o confiscatorio afrontar servicios públicos más caros.
El mensaje final hacia los demandantes del Estado es que pueden conseguir fallos a su favor pero les resultará muy difícil cobrarlos. Una prueba de esto están teniendo los tenedores de bonos en default, para quienes resultará poco menos que una proeza conseguir algún bien para embargar y cobrar de esa manera lo que Economía no paga, según se había comprometido el Estado antes de la cesación de pagos.