Aníbal Ibarra salió a jugar fuerte por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno anunció un proyecto de ley que presentará hoy en el Congreso para modificar la denominada Ley Cafiero, que le impide a la ciudad tener una fuerza de seguridad propia, y lo habilite para crear la mentada Policía Comunitaria, que funcionaría directamente bajo su órbita.
“No podemos sentarnos a esperar que el Congreso se decida a derogar la Ley Cafiero”, dijo Ibarra, al argumentar por qué decidió esta suerte de ofensiva legislativa. “En el Congreso ya hay proyectos de diputados porteños de distintas fuerzas, y desde el Ejecutivo queremos apoyar esas iniciativas con nuestro propio proyecto”, agregó.
La ley 24.588, conocida por el nombre de su autor, el senador Antonio Cafiero, establece en su artículo 7 que la ciudad no podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso; y que la competencia en esa materia le corresponde a la Policía Federal, “que depende orgánicamente del Poder Ejecutivo Nacional. Ese artículo cercena cualquier posibilidad de que la ciudad pueda organizar su propia fuerza de seguridad, como tienen todas las provincias del país. Para los dirigentes porteños de distinto color político, esa parte de la norma es inconstitucional, porque vulnera la autonomía que la Carta Magna le confiere a la ciudad.
En el proyecto que Ibarra presentará hoy en el Congreso, sólo se modifica el controvertido artículo 7 de la Ley Cafiero. Allí se aclara que “hasta tanto se determine la transferencia definitiva de las áreas de la Policía Federal (...) la ciudad podrá requerir el auxilio de la misma y ésta deberá prestarlo conforme a los convenios vigentes” con la Nación. Finalmente, el proyecto de ley autoriza a la ciudad a “crear organismos de seguridad propios”.
Ese es el objetivo de máxima para Ibarra: la creación de la Policía Comunitaria bajo su propia jurisdicción, que se ocupe no solo de sancionar las faltas de tránsito y las contravenciones sino que actúe como fuerza de seguridad y auxiliar de la justicia porteña. En su estrategia, esa sería una etapa intermedia, previa al traspaso total de la Federal –con excepción de la fuerza que se dedique a la investigación de delitos federales– para lo cual es necesaria una reasignación presupuestaria de 500 millones de pesos.
“Mientras se consigue esto –aclaró el jefe de Gobierno– seguiremos trabajando con el gobierno nacional para crear la Policía Comunitaria bajo la órbita de la Federal”. Esa fuerza, ratificó, estará conformada antes de fin de año. Tendrá 1500 hombres, de los cuales, 500 serán aportados por la ciudad. Como contrapartida, el jefe de gobierno aspira a designar al jefe de ese cuerpo que, si alguna vez se deroga la Ley Cafiero, pasará a la órbita de la ciudad.