El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, evaluó ayer el Plan Nacional de Seguridad con los ministros de Justicia de todas las provincias. Aunque la idea original es conseguir la unificación de los Códigos de Procedimientos de todo el país, lo que significa es algo casi imposible: que las 24 legislaturas provinciales lo voten.
En el encuentro de ayer, sin embargo, se avanzó en la idea de trabajar regionalmente, o sea que se busque unificar los códigos en regiones en las que, además, las provincias tienen mapas de delito bastante parecidos. Por ejemplo, no es lo mismo el delito en Jujuy que en el Gran Buenos Aires, pero podrían unificarse criterios en provincias cercanas como Jujuy, Salta y todo el norte argentino. En la reunión de ayer se habló del juicio por jurados, una modalidad que ya se está implementando en Córdoba, Chubut y Entre Ríos.
También interesó a los ministros de Justicia provinciales la construcción de cárceles, en lo que se invertirán unos 400 millones de pesos. La primera licitación se hará para construir un penal en la ciudad de Güemes, en Salta, pero hay decenas de ciudades que se proponen para ser sedes de prisiones por cuanto –según evalúan los intendentes– significa crear fuentes de trabajo.
Más allá de las diferencias regionales, hay distintas temáticas que abarcan a todas las provincias. Por ejemplo, ayer se evaluó el control de las agencias privadas de seguridad que en muchos distritos suman tantos efectivos como la policía policial. Y también se trató el costado educativo y social del plan, en especial la polémica por la edad de imputabilidad a los menores. En la conferencia de prensa posterior, Beliz anunció que parte de los proyectos de ley se enviarán esta misma semana al Congreso.