Por Emilio García Méndez *

Es probable que muy pocos imaginaran que del plan estratégico de seguridad lanzando por el Gobierno el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes se iba a convertir en el punto más polémico y discutido de todos. El debate en Diputados del 21 de abril constituye la mejor síntesis de una discusión que, si bien se presenta confusa y oscura para la sociedad, resulta extraordinariamente clara para todos aquellos actores, políticos e institucionales, específicamente involucrados en el problema. Para muestra basta de un lado el portazo de la diputada riquista Mirta Pérez por considerar blando, permisivo y cómplice de la delincuencia el proyecto del Gobierno y, del otro, las resistencias de unos pocos diputados justicialistas por considerarlo de una dureza y represividad inadmisibles para con los menores. Es obvio que las protestas de cada bando están directamente relacionadas con su propia propuesta. Siendo así, aceptemos que la sociedad está ejerciendo su inalienable derecho a la confusión.
Volvamos al debate. La diputada Mirta Pérez protesta porque el proyecto del Gobierno no satisface su propuesta, que es la de bajar la edad de la imputabilidad a los 14 años, y los pocos diputados justicialistas que resisten protestan porque alegan que el proyecto del Gobierno baja la edad de la imputabilidad a los 14 años. ¿Estamos frente a un caso de esquizofrenia colectiva? ¿Quién tiene razón?
Para responder estas preguntas es necesario, además de leer el proyecto, entender qué significa la tan mencionada frase “bajar la edad de imputabilidad de los menores a los catorce años”.
Expliquémoslo sencillamente. Considerar a los menores de catorce años imputables es tratarlos como adultos. ¿Es eso lo que hace el proyecto del Gobierno? La respuesta rotunda es no. Mirta Pérez no se equivoca. La propuesta del Gobierno se distancia de la mano dura demagógica y toma partido por una solución seria y responsable que articule severidad con justicia y racionalidad.
Si un adulto comete un secuestro extorsivo, su pena es de reclusión perpetua sin posibilidad de excarcelación. Idéntica sería la pena para un menor de edad si la queja de esos pocos diputados tuviera fundamento. Sin embargo, no es ésta la solución que propone el proyecto del Gobierno. La propuesta gubernamental se enmarca, tanto en el respeto riguroso de los preceptos constitucionales, cuanto en los principios que sobre la responsabilidad penal de los adolescentes contiene la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Así, el proyecto del Gobierno dispone, para delitos graves, la privación de libertad de hasta cinco años para la franja etaria de 14 y 15 años y de 9 años para la franja de 16 y 17 años respectivamente. Tal vez nada para la mano dura. Con seguridad, bastante menos que la reclusión perpetua que rige hoy para los menores de 16 y 17 años y también menos que los muchos años de internaciones “protectoras”, con las que muchos lucran, y que solo en la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años, tiene a más de 8400 niños sometidos a la privación de libertad, tal como lo denuncia un informe del CELS recientemente publicado (Situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, CELS, diciembre del 2003).

* Profesor de Criminología. UBA.