Por Claudio Lozano *

Frente al debate sobre la creación de fuerzas de seguridad que involucra al gobierno nacional y al de la ciudad de Buenos Aires, quiero afirmar:
1) La definición de la política de seguridad debe ser el subproducto de un modelo de sociedad más seguro (lo cual incluye trabajo, ingresos, hábitat, educación, salud, etc.) y no un conjunto de herramientas o instituciones destinados exclusivamente a reprimir las acciones que son producto de la inseguridad social.
2) El concepto de seguridad va asociado entonces, íntimamente, al concepto de sociedad. No hay políticas de seguridad “todo terreno”.
3) La ciudad al definir su modelo de sociedad debe definir su modelo de política de seguridad, que puede ser coordinada pero nunca reemplazada por la que planteen otras jurisdicciones provinciales o el Poder Ejecutivo nacional.
4) La ciudad reclama el traspaso de la Policía y la Justicia para acompañar su modelo de sociedad, no para aumentar sus empleados públicos ni por capricho.
5) Cualquier intento de transferir a la ciudad funciones (seguridad, vigilancia, mantenimiento del orden, etc.) hoy ejercidas por la Policía Federal o por los tribunales nacionales debe enmarcarse indiscutiblemente en lo establecido en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional que establece que: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
6) La ciudad ve violentada su autonomía cuando funcionarios nacionales deciden sobre su territorio, avanzan sobre cuestiones que son potestad exclusiva de decisión de los ciudadanos, mientras el Gobierno de la Ciudad mantiene una pasiva actitud enmascarando las facultades que le fueron sustraídas por el gobierno nacional, con apelaciones huecas a la “autonomía de la ciudad”.
7) El diseño y aplicación de una política de seguridad que comprende a la ciudad sin consultarla o darle participación se complementa con un mecanismo absurdo que pretende descargar sobre los vecinos el costo de mantenimiento de una eventual policía comunitaria.
No sirven en este punto ni las demandas autonómicas de Macri, quien habiendo sido esbirro del menemismo compartiera las limitaciones que a la ciudad le impusiera la Ley Cafiero, ni las estrategias de seguidismo que posibilitan que la Nación siga interfiriendo en las políticas de seguridad ciudadanas. Peor aún, cuando esta actitud termina convalidando un recorte del gasto en base a asignar los recursos hoy disponibles para la creación de una policía ciudadana creada de manera inconsulta.
Resolver estas cuestiones exige derogar la denominada Ley Cafiero, y requiere modificar el proyecto de Ley de Coparticipación Federal a efectos de contemplar equitativa y solidariamente la cuantía de los recursos aportados por la ciudad y la insignificancia de los fondos que le son transferidos.
* Diputado de la Nación, miembro de la Mesa Nacional CTA.