“Es una reacción corporativa, además de inconstitucional, y vulnera todas las normas del derecho.” Durísimo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, cuestionó con estas palabras la acordada firmada el miércoles pasado por los cinco integrantes de la Cámara Federal, que habían tildado de “inconstitucional” el anuncio sobre la unificación de fueros federales porteños, uno de los puntos centrales del Plan Integral de Seguridad elaborado por el Gobierno.
La idea de juntar los 82 juzgados penales de la Capital y de este modo licuar el poder de los cuestionados jueces federales es uno de los ejes del programa anunciado por Néstor Kirchner como respuesta a la crisis de seguridad y al masivo reclamo liderado por Juan Carlos Blumberg.
Lejos de aceptar la propuesta, la Cámara declaró “inconstitucional” la iniciativa y le indicó al Gobierno que si el objetivo es desplazar a jueces sospechados, hay mecanismos previstos en la Constitución. Los camaristas aseguraron además que la mejor manera de solucionar las deficiencias en la investigación judicial es “una más eficiente actividad” de las fuerzas de seguridad que dependen del Ejecutivo.
Ayer, Beliz salió a replicar. “Tardaron cinco minutos o cinco días para hacer la acordada y hace años, más de diez, que se está esperando que se sancione o se castigue la corrupción política de la Argentina. La falta de sanción a la Justicia Federal penal de la Capital tiene mucho que ver con la impunidad”, aseguró el ministro en relación con la acordada firmada por Martín Irurzun, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi, Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo. Beliz utilizó el mismo argumento que los camaristas y definió como “inconstitucional” la acordada del miércoles. “Ellos no pueden estar haciendo una manifestación judicial sobre algo que los involucra decididamente. Esto habla de un temerario ejercicio de la magistratura”, acusó.
La crítica de inconstitucionalidad formulada por la Cámara se basa en el anuncio de unificación de los juzgados penales de la Capital. Con la medida –argumentaron los magistrados–, la Nación avanza en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires consagrada en la reforma constitucional de 1994. Además, si la iniciativa se concreta, todos los delitos cometidos en el ámbito porteño pasarían a ser federales, eliminando una distinción que se mantiene en el resto de las provincias y violando la garantía de igualdad ante la ley para los ciudadanos de la Capital.
Beliz respondió que el objetivo es quitarles a los magistrados federales de primera instancia el control exclusivo de las causas por corrupción. “Lo que proponemos es la unificación para que, en lugar de que doce o quince señores monopolicen los delitos contra la administración pública y esto se preste a manejos al menos sospechosos, se genere una descentralización y un mejor aprovechamiento del servicio de Justicia”, explicó el funcionario. Finalmente, Beliz cuestionó el hecho de que la crítica de los jueces se basó en el anuncio del plan, que aún no fue presentado de manera completa. “Aún no está formalmente el proyecto de ley de unificación. Opinan en abstracto sobre algo que no tiene ningún tipo de base legislativa”, criticó.