El último miércoles, el ministro de Defensa José Pampuro presentó en sociedad la segunda etapa del proyecto “La Defensa Nacional en la agenda democrática”. El Ejército informó a Página/12 que el encargado de esa fuerza para coordinar el trabajo destinado a definir el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina será el general Jorge Tereso. Lo desconcertante de la designación es que Tereso había sido desplazado de la estratégica secretaría general el 30 de diciembre pasado por orden del presidente Néstor Kirchner. El motivo: haber elevado a la Justicia el pedido de seis represores detenidos por delitos de lesa humanidad que querían pasar las Fiestas con sus familias. En ese momento, el general fue relevado del cargo. Sin embargo, tres meses después el decreto 431 del Poder Ejecutivo lo resucitó al nombrarlo como titular de la Dirección de Planeamiento de la Secretaría General del Ejército. Un lugar creado a su medida.
El diputado socialista Jorge Rivas presentó un pedido de informes para que el Estado Mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa expliquen tamaña incongruencia. “Sólo habría dos explicaciones posibles –sostiene Rivas– o bien el Poder Ejecutivo estaría reivindicando a Tereso luego de haberle adjudicado equivocadamente –tal vez por falta de información fidedigna proveniente del jefe del Ejército– una exclusiva responsabilidad sobre los hechos de fines de diciembre último, que bien podría corresponder a otra instancia de la fuerza. O, en su defecto, el Poder Ejecutivo estaría cediendo ante una demanda del jefe del Ejército, quien a su vez podría estar condicionado por el malestar generado en buena parte de sus subordinados por el relevo de Tereso. En ambos casos, estaríamos ante preocupantes síntomas de autonomía castrense”.
La historia
El lunes 29 de diciembre trascendió que el juez Jorge Ballestero había rechazado el pedido elevado por Tereso para que seis procesados en la causa por el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros pudieran volver a su casa en Año Nuevo. Ese día, las más altas fuentes del Ejército explicaron a este diario que la gestión no implicaba acordar con el pedido pero aclararon que “si se tratara de delincuentes” no se habría realizado. “Son hombres que llevan dieciocho meses detenidos, no están condenados y ninguno parece un torturador”, argumentaron en estricto off the record. Ese día Defensa optó por un sepulcral silencio. El martes, la historia cambió. Un escueto comunicado de esa cartera dio cuenta de que el ministro “dispuso remover al general Jorge Tereso del cargo” y ordenó al general Roberto Bendini que le aplique una sanción disciplinaria a su subordinado. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a respaldar la medida arguyendo que “si nosotros estamos llevando adelante una política que claramente propicia terminar con la impunidad, ésta supone también propiciar la igualdad de trato entre los argentinos. Y no nos parece que sea un trato igualitario que una institución, que es nada más y nada menos que el Ejército, esté pidiendo que se autorice a alguien que está procesado. El episodio preocupa porque no es equilibrado, no es una regla saludable”.
–¿Qué sanción se le aplicó a Tereso? –preguntó Página/12 en la Secretaría de Prensa del Ejército.
–Nosotros no tenemos conocimiento. Las sanciones reglamentariamente son confidenciales. Se entregan en sobre cerrado –fue la burocrática respuesta.
Al parecer hubo algún problema con el mensajero –que no es otro que Bendini, el titular de la fuerza– porque en Defensa también dijeron desconocer en qué había consistido la sanción al general que tan buena reputación tiene entre sus pares.
Dimes y diretes
No sólo misterio envuelve el caso del castigo a Tereso también abundan las contradicciones. El decreto que apareció publicado en el Boletín Oficial el 12 de abril designa al general de brigada Jorge Alberto Tereso como titular de la Dirección de Planeamiento de la Secretaría General del Ejército. Tras el episodio de la infructuosa gestión ante la Justicia había trascendido la voluntad del Gobierno de desmantelar esa dependencia, encargada desde su creación, durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, de hacer lobby ante el poder político, judicial y empresarial. Bendini dejó vacante el puesto y nombró al coronel Oscar Roberto Gómez como subsecretario general. En su pedido de informes, Rivas señala que a partir del nombramiento de Tereso en la Dirección de Planeamiento se abren dos interrogantes: “¿Cómo se explica que un general de brigada quede al frente de una Dirección que jerárquicamente está subordinada a la autoridad de un coronel? y ¿cuáles son las tareas asignadas a la Dirección de Planeamiento?”.
A pesar de lo que detalla el decreto, en el Ejército aseguraron que Tereso depende ahora del subjefe, el general Mario Chretien y está encargado de coordinar la ronda de consultas con la sociedad destinada a definir el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia. El programa es financiado con 92 mil dólares del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El premio a Tereso es leído, por muchos, como una compensación por haber acatado el desplazamiento de la Secretaría General cuando, en realidad, había actuado con la anuencia de Bendini. Pero la jugarreta no sólo debilita aún más al vapuleado jefe de la fuerza sino que abre interrogantes sobre la coherencia de las medidas dispuestas por el Ejecutivo. ¿Cuál es la razón por la cual desplazó de un plumazo a Tereso en diciembre y ahora le da la llave para “pensar el Ejército del futuro”?