El Gobierno enviará al Congreso en algún momento de los próximos dos meses once proyectos de ley para poner en marcha la reforma política anunciada en el último punto del Plan Estratégico de Seguridad. Entre esos proyectos figurarán el del fin de las listas sábana, la reglamentación del financiamiento de los partidos políticos, la reafiliación obligatoria y el padrón único de electores y afiliados. La intención de la Rosada es que los proyectos salgan antes de que termine el año, con lo que las elecciones legislativas del 2005 podrían resultar muy diferentes a lo acostumbrado si, por ejemplo, se modifican las listas sábana. Pero, para eso, los proyectos deberán ser impulsados por el oficialismo en el Parlamento, tumba de decenas de propuestas por el estilo.
Sorpresivamente, el tema coló en el último punto del plan que lanzó Gustavo Beliz. El ministro de Justicia lo justificó diciendo que la corrupción en la política estaba íntimamente ligada al desmadre policial y a la crisis de inseguridad. En el plan se anunciaba que en 30 días el Gobierno enviaría al Parlamento los proyectos necesarios para reformar el sistema político. En el plazo hubo un poco de voluntarismo porque si bien esos proyectos existen, todavía no están redondeados.
Desde el año pasado, el Ministerio del Interior viene cocinando a fuego lento con las ONG una propuesta de reforma política dividida en cuatro ítem: sistema electoral, partidos políticos, Justicia Electoral y participación y control. Para darle consenso a la iniciativa impulsaron una “comisión para el análisis y estudio de la reforma política”, se contactaron con 30 especialistas para que acerquen sus propuestas y abrieron una oficina para recibir proyectos de organismos y particulares.
Nada funcionó del todo bien. Para empezar, la comisión nunca se conformó. Los especialistas contactados se mostraron interesados pero ninguno compartió sus ideas. En cuanto a los proyectos recibidos, según relatan en Interior, son pocos los que aportan algo novedoso mientras que unos cuantos no tienen ninguna rigurosidad.
Un recorrido por la página del ministerio en Internet permite ver que los aportes tienen un origen heterogéneo: los hay desde la liberal Fundación Bicentenario hasta de la época de diputada del ARI de la hoy titular del PAMI, Graciela Ocaña, desde el Colegio de Abogados hasta del fiscal electoral Jorge Di Lello.
Como veía que el tema se dilataba, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, resolvió redactar sus propios proyectos. Esas iniciativas descansan hoy sobre el escritorio del presidente Néstor Kirchner, quien debe leerlos y hacer sus observaciones antes de que sean enviados al Congreso. El que genera más suspicacias es el que modifica el sistema electoral porque tendría aplicación inmediata y podría cambiar el panorama de cara al 2005. Hasta ahora, todos los proyectos que se hicieron en ese sentido murieron antes de llegar a debatirse en sesión.