Con el reclamo de que haya planes sociales para todos los desocupados, los piqueteros volverán hoy a cortar rutas en una protesta que promete hacerse sentir. En principio por su masividad, ya que las principales organizaciones se pusieron de acuerdo –después de tres años de desencuentros– para salir a la calle con un paquete de reivindicaciones en común. Le pedirán al Gobierno que universalice los programas sociales y que no pague la deuda externa. La jornada de lucha se realizará en un clima de tensión, porque el Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó a la policía que “garantice la libre circulación” en las rutas.
La protesta tendrá alcance nacional. En Buenos Aires, Salta y Jujuy a los desocupados se sumarán los trabajadores estatales en paro. En la Capital Federal habrá piquetes desde las 10 de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los principales cortes estarán ubicados en Avenida de Mayo y Bolívar (sede del gobierno porteño), Junín y Córdoba, Independencia y Paseo Colón, Ciudad Universitaria y en Diagonal Norte y Esmeralda (Repsol YPF). El cruce del Puente Pueyrredón, que une a la ciudad con el partido de Avellaneda, estará interrumpido.
Desde septiembre del 2001, cuando se hizo la última movida unitaria, no hubo una jornada de lucha piquetera que uniera a tantos sectores como la de hoy. Convocaron a ella las agrupaciones del piqueterismo duro: el Bloque Nacional, el Movimiento de Raúl Castells, el Teresa Vive y el Teresa Rodríguez. También se movilizará la Corriente Clasista y Combativa que lidera el dirigente de La Matanza Juan Carlos Alderete, antiguo aliado de la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía (CTA). El programa común está encabezado por los siguientes puntos:
- Universalización de los programas sociales.
- No al pago de la deuda externa.
- Aumento para los desocupados, de 150 a 350 pesos. Aumento para los ocupados.
- Rechazo a la suba de las tarifas de los servicios públicos.
En cuanto al endurecimiento de la gobernación bonaerense, la posición está vinculada con el reciente fallo de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, que definió como delito los cortes de ruta aunque se realicen en defensa de derechos constitucionales. El Ministerio de Seguridad anticipó que movilizará al personal de las jefaturas departamentales para que “garanticen la libre circulación y el normal funcionamiento de los puestos de peaje en las autopistas, así como en la Ruta 3.