El torturador Jorge Bergés está preso, tiene una condena a siete años de prisión por la sustracción y sustitución de identidad de una hija de desaparecidos y la sociedad lo identifica claramente como un personaje siniestro de la dictadura militar. Pero, si por alguna razón –que hoy parece imposible– saliera en libertad, podría volver a ejercer la medicina de forma particular sin ningún impedimento legal. Porque a pesar de su extenso prontuario, el Colegio de Médicos bonaerense no está habilitado para quitarle la licencia profesional, ni a él ni a la extensa lista de represores que aún conservan sus matrículas. Esto es precisamente lo que busca revertir un proyecto que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados provincial y que se espera que sea aprobado por el Senado en los próximos días.
El proyecto fue presentado hace un año en la Legislatura provincial por la diputada justicialista Susana Fernández e impulsado desde el propio colegio profesional de La Plata. Luego de la aprobación que recibió en Diputados, sólo falta la media sanción del Senado para que sea posible retirarles las matrículas a todos los médicos involucrados en violaciones a los derechos humanos. “Aunque parezca insólito, el Colegio no puede accionar esta anulación hoy en día, aunque se haya comprobado que se trata de asesinos”, explicó Fernández a Página/12.
Hasta ahora, sólo pueden aplicarse sanciones éticas a los profesionales acusados y la pena máxima es la suspensión de la licencia por seis meses. Con esta iniciativa el Colegio quedaría facultado para la anulación definitiva. “Esta es una herramienta muy útil para casos como el de la venta de bebés, que tiene su más triste versión en la dictadura, pero que aún continúa”, aseguró la diputada, que en la elaboración del proyecto contó además con el asesoramiento de Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde la delegación platense de Abuelas destacaron la importancia de la iniciativa y detallaron algunos casos que, aunque tuvieron menos trascendencia mediática, se suman de Bergés. “Además del de Bergés, que es un ejemplo terrible, hay otros más grises, como los de quienes firmaron las partidas de nacimientos de los chicos que nacieron en cautiverio, que hoy pueden camuflarse y trabajar en cualquier clínica privada”, explicó María Ester Alonso, abogada de la asociación.
Existe además una lista de médicos de la Dirección de Sanidad de la Policía que eran los que durante la dictadura ingresaban todos los cuerpos NN en la morgue y los registraban con el mismo causal de muerte: “Pérdida de masa encefálica por herida de arma de fuego”. Es decir, un tiro en la nuca. “Eso se repite en los 560 cuerpos encontrados en el Cementerio de La Plata y todos pasaban por esta dirección policial”, explicaron desde la APDH provincial. Aunque muchos de los personajes involucrados con estos casos tienen prohibido volver a ocupar cargos públicos, tienen aún la matrícula habilitada para ejercer la medicina en forma particular.
Otro caso es el de Néstor de Tomas, que tiene una denuncia penal por su declaración en los Juicios por la Verdad. “La Cámara Federal platense le inició una causa por ser quien destruía los registros con los nombres de los cuerpos y lo acusó por la desaparición de 23 libros de parte médico legales. Aunque fue sobreseído por un fallo del juez Humberto Blanco que señaló que el delito había prescripto y el médico quedó absuelto”, explicaron en la APDH.
La lista se extiende con decenas de nombres, como el del médico del Ejército Norberto Bianco, integrante del grupo de tareas de Campo de Mayo, o el del coronel Julio Caserotto, que atendía partos de prisioneras en el centro de detención que funcionaba en esa unidad militar.
Más allá de los casos de médicos vinculados con crímenes durante el terrorismo de Estado, la sanción prevista en este proyecto es extensiva a los profesionales en actividad ligados con maltratos o mala atención a detenidos, o directamente vinculados al tráfico de menores.
“Acá –señalaron en Abuelas– hubo participación de médicos, parteras y enfermeras, en delitos vinculados al tema de apropiación, al control desesiones de torturas, atención a detenidos y a mujeres detenidas desaparecidas, y hubo en distintos roles y momentos profesionales vinculados, muchos de los cuales siguen en actividad: es hora de que el Colegio Médico pueda tomar posición y aplicar sanciones en serio.”

Informe: Alfredo Ves Losada.