“A mi mujer la tengo amenazada”, dijo el piquetero. “Ya le dije que cocine una vez por día y que ni loca se le ocurra prender el horno. ¿Sabe cuánto me costaba la garrafa de gas en enero? Nueve pesos. Ahora me la cobran a veintisiete.” El comentario, formulado en un corte de ruta, refleja bien cuál fue el estado de ánimo que sostuvo la jornada de protesta de ayer.
Las organizaciones de desocupados salieron a la calle en su primer plan de lucha luego de que un fallo de la Cámara de Casación ratificara que los cortes de ruta son un delito. La medida de lucha fue convocada por el sector duro en confluencia con la Corriente Clasista y Combativa, la histórica aliada de la Federación de Tierra y Vivienda (CTA). Los piqueteros estimaron que hicieron, a lo largo del país, 150 piquetes.
Dos puntos encabezaron la protesta: que el Gobierno otorgue planes sociales a todos los que están sin trabajo y que no pague la deuda externa. Los manifestantes vincularon ambos temas entre sí: “Estamos disputando el superávit fiscal. Queremos que los cuatro mil millones de pesos del superávit no se los lleven los bancos ni el FMI, sino que vuelvan para dar trabajo a los sectores más empobrecidos”, dijo Néstor Pitrola, del Polo Obrero.
El tercer motivo del plan de lucha fue el rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos. Los piqueteros piden que se implementen precios sociales para que, por ejemplo, quienes consumen gas envasado puedan comprar garrafas a 10 pesos.
Petroleras. El momento más tenso del día se vivió frente a la sede de Repsol YPF, donde los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez incendiaron el frente de la multinacional. Con cantos contra la petrolera (“el gas es nuestro la puta que te parió” y “qué patraña, a las tarifas se las comen en España”), los manifestantes golpearon con sus palos las puertas de la sede. Un grupo de desocupados arrancó las cortinas metálicas y encendió cubiertas contra las ventanas. El fuego se extendió por la fachada del edificio.
La cuadra de Diagonal Norte adquirió rápidamente un aspecto similar al de las protestas de diciembre del 2001. El humo tiñó el aire de negro y mientras los colectivos tocaban bocina, sin decidirse a atravesar la calle ni poder retroceder, jóvenes con pañuelos en la cara arrancaron las marquesinas de la vereda y alimentaron el fuego con los carteles.
En los alrededores había policía uniformada y de civil, pero eran pocos y siguieron la escena desde lejos. Dos adolescentes sacaron molotovs de sus mochilas y las tiraron contra el edificio. En ese momento, el abogado Roberto Rangoi, de traje y corbata, atravesó la calle con una tranquilidad notable. Llevaba un maletín negro del que sacó algún papelito, tal vez una tarjeta, que extendió a un manifestante. ¿Qué opina de la protesta?, le preguntó Página/12. “Es consecuencia de una política económica que dejó en la lona a la mitad del país”, dijo el abogado. Pero no todos compartieron su opinión y hubo transeúntes que opinaron que los autores de la medida debían “ir presos” o “a vender garrapiñadas si no consiguen trabajo”.
Los piqueteros repartieron una carta dirigida al Presidente. “Ud. denunció que las petroleras lo estaban extorsionando. Sin embargo, ayer firmó acuerdos con ellas y les otorgó los aumentos que exigían, cargando los costos sobre nuestras espaldas. No hemos visto que ninguno de los ejecutivos extorsionadores hayan sido citados por la Justicia. Sí vemos en cambio que el proyecto de no criminalizar el reclamo popular fue archivado y en su lugar asistimos a una creciente campaña contra quienes ejercemos el legítimo derecho a reclamar condiciones dignas de vida.”
Escrache. La Corriente Clasista y Combativa hizo un escrache a los jueces de la Cámara de Casación. Los piqueteros llegaron por sorpresa a las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py, donde se cruzaron con algunos jueces federales que corrían para sacar sus autos del lugar, eimprovisaron un acto. “El fallo (de Casación) es un fallo fascista que busca criminalizar la protesta social”, dijo Juan Carlos Alderete. El dirigente criticó al Gobierno porque “cede a las presiones de los grupos monopólicos pero no cede nada para abajo” y preguntó “si algún funcionario patriota se animaría a vivir con 150 pesos por mes” como los desocupados.
El puente Pueyrredón. En ese corte estuvieron todos los dirigentes de la Asamblea Nacional de Trabajadores. Durante la mañana en el lugar hubo nerviosismo por la situación en la provincia de Buenos Aires, cuando el fiscal Marcelo Romero presentó un amparo “para que se garantice la libre circulación del tránsito”. Aunque se especuló con que podría haber desalojos, el juez Guillermo Atencio desestimó el pedido tras considerar que “en términos técnicos” no estaba bien presentado. Fue una salida elegante ante la clara voluntad del Gobierno de que no hubiera represión.
En el puente, como en casi todos los lugares, prácticamente no hubo policía. Al terminar la jornada los piqueteros informaron que los cortes, que se mantuvieron de las 10 de la mañana a las cinco de la tarde, habían sido 30 más de los 120 previstos. “En cuanto al interior, fuertes en Tucumán, Jujuy y Salta”, dijo la evaluación. Hacia dentro del movimiento, la jornada expresó un reposicionamiento, ya que las principales organizaciones se pusieron de acuerdo –después de tres años de desencuentros– para salir a la calle con un programa común. Con el programa de ayer volverán a salir a la calle el 27 y 28 de mayo.