¿La municipalización de la policía permitirá controlar la connivencia con el delito dentro de las filas policiales y combatir la inseguridad o, por el contrario, favorecerá que ciertas intendencias, sospechadas de amparar al hampa, se conviertan en tierra de nadie? La medida más polémica del plan de seguridad anunciado ayer por el gobierno provincial generó adhesiones entre especialistas y jefes comunales, pero también fuertes críticas e interrogantes. Como en el caso de Carlos Mari, presidente del Foro Vecinal de Seguridad de Vicente López: “Estoy de acuerdo con la descentralización operativa, pero los jefes comunales no pueden tener el control directo sobre la policía. ¿Se imagina a un intendente señalado como dueño de todos los desarmaderos de su distrito manejando la policía?”. Para el camarista Fernando Maroto, incluso, la medida directamente es “inconstitucional, porque no está prevista en la Carta Magna provincial el manejo de la policía dentro de las atribuciones inherentes al régimen municipal”.
De acuerdo con el plan trienal detallado por el ministro de Seguridad, León Arslanian, se creará una Policía Comunal para tareas de seguridad –es decir, no de investigación– en los 95 distritos con menos de 70.000 habitantes. A partir de 2007, sus jefes serán elegidos por foros integrados por representantes de la comunidad. En lo inmediato, esta medida no alcanzará –por la cantidad de población– a ninguno de los partidos del conurbano, los más calientes en términos de inseguridad. Pero se prevé su aplicación en el futuro.
El director de Política Criminal de la Nación, Mariano Ciafardini, apoyó el anuncio de Arslanian. “Es necesario asignarle responsabilidad a los intendentes. Hacen campaña diciendo que van a terminar con la inseguridad, pero cuando un comisario aparece involucrado con el delito no se hacen cargo y le tiran la culpa al gobernador. Además, se va a favorecer la competencia entre los municipios para ver cuál es más seguro”, opinó ante Página/12. También aprobó la municipalización policial Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad, durante la gestión de Juan Pablo Cafiero. Pero señaló algunas objeciones. A su entender, le faltan dos medidas de transición fundamentales, que podrían hacer naufragar su aplicación: “Antes de descentralizar se debe crear un área de policía comunitaria o de proximidad que esté específicamente abocada a la resolución de delitos menores y faltas, que son las que perturban el ámbito vecinal. Los vecinos no están preocupados por la posibilidad de un ataque terrorista sino porque a la abuela no la roben cuando vuelve de hacer las compras o por la barra de pibes de la esquina que hacen ruidos molestos durante la noche. La policía actual no cuenta con capacitación ni elementos para resolver estos problemas y es imprescindible que lo haga para la vida cotidiana de un barrio”, señaló Saín y marcó como segundo cuestionamiento el hecho de que los intendentes no tienen experiencia para manejar la policía. “Deberían recibir capacitación porque tienen que formar un área especial con personal específicamente abocado al management policial”, apuntó.
También Mari, del Foro Vecinal de Vicente López, señaló sus dudas sobre la capacidad de los jefes comunales para asumir la política de seguridad local. “Que los intendentes participen, pero no decidan. Debería aplicarse el modelo anglosajón, que incluye la figura del comisionado, encargado de manejar la política criminal, de quien depende el fiscal de distrito y además contempla la existencia del sheriff, que es el jefe policial, los tres elegidos por el voto popular. El alcalde financia la política, eso es municipalizar. De este modo, se está intendentizando la policía”, diferenció Mari.
Uno de los intendentes afectados por la nueva medida es el vecinalista Blas Altieri, de Pinamar. “Mi opinión es favorable”, respondió al ser consultado por Página/12. “Hasta ahora la descentralización iniciada durante la primera gestión de Arslanian fue sobre el control de lapolicía, a través de los foros vecinales y del defensor de la Seguridad, pero no de la política. Nuestra experiencia nos muestra que ha bajado muchísimo el índice del delito”, indicó. No obstante, consideró que no puede haber descentralización “sin transferencia de recursos.”
Aunque no comulga con el justicialismo bonaerense, el intendente Martín Sabbatella (ex Frepaso) de Morón destacó su apoyo al plan. “La descentralización funcional de la policía me parece importante para combatir el delito menor”, apuntó en diálogo con este diario. Pero opinó que cada jefe comunal debería aportar, a su vez, políticas propias. En Morón, indicó como ejemplo, desde hace cuatro años 30 pasantes de la carrera de Derecho realizan tareas administrativas en las comisarías y se capacitan en resolución alternativa de conflicto: “Esto permite que haya más policías en la calle y se descomprima al Poder Judicial y paralelamente se favorece la convivencia vecinal”, agregó.