La Cancillería envió ayer a Chile un nuevo pedido de extradición de Carlos Menem, dando respuesta a una solicitud del juez federal Norberto Oyarbide, quien procesó al ex presidente por “omisión maliciosa” y otros delitos sospechados como lavado de dinero y cohecho.
Oyarbide declaró prófugo a Menem y pidió su extradición porque faltó cuatro veces a su declaración indagatoria. En el escrito dirigido a la Justicia chilena, el magistrado incluyó dos delitos por los que Menem está imputado por orden de la Cámara Federal: lavado de dinero y falsificación de documento.
Este pedido se sumará al enviado el pasado 29 de abril por el canciller Rafael Bielsa a solicitud del juez Jorge Urso, quien investiga al ex presidente por el supuesto pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles en el conurbano bonaerense.
Claro que ayer hubo otra mala noticia para Menem. La Fundación Poder Ciudadano presentó un escrito antes los jueces Oyarbide y Urso para que apliquen la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), en el pedido de extradición del ex presidente. La aplicación de la CICC ofrece un marco legal para que el país trasandino extradite a Menem ya que, según indica la organización no gubernamental, se trata de un tratado multilateral que suple la necesidad de tratados particulares entre los Estados sobre el proceso de extradición en delitos de corrupción”.
El titular de Poder Ciudadano, Mario Rejtman Farah, sostuvo que “lo que está en juego en estos casos es el sometimiento de todo ciudadano a la Justicia, para que sea ella la que determine la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas de haberlos cometido”.
“Los delitos de corrupción, contemplados como extraditables por la CICC, no son delitos políticos –advirtió el titular de la ONG–. Cuando un ex presidente pretende evadirse del accionar de la Justicia, lo que en definitiva pone en juego es la gobernabilidad democrática, al desconocer a una de las instituciones fundamentales del sistema”.