La Comisión del Ministerio Público Fiscal salió a cuestionar un aspecto del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad, en relación con el proyecto de creación de fiscalías de distrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la firma del fiscal federal Carlos Rívolo, los funcionarios judiciales se mostraron “muy preocupados” porque “el apuro político para votar algunas leyes le dará superpoderes a la Procuración General (cabeza del Ministerio Público) y privará a los fiscales de la independencia y autonomía que les otorga la Constitución Nacional”. Según ellos, la descentralización de fiscalías muda a los fiscales, pero sin los jueces ni los defensores, y por lo tanto afecta el derecho constitucional de la garantía a la defensa en juicio. Además de poner esto por escrito, los fiscales se entrevistaron la semana pasada con los diputados que analizan el paquete de medidas generadas a partir del efecto Blumberg.
Es una “respuesta con propuestas, incluso más económicas” que el proyecto oficial, definió Rívolo a Página/12. Esta comisión, que pertenece a la Asociación de Magistrados y reúne a fiscales de todo el país, de instrucción, correccionales y de menores, salió al cruce de lo que llaman “un intento de plasmar en una ley los mecanismos para que la Justicia sea más discrecional y manejable”.
El proyecto de descentralización tiene media sanción de la Cámara de Diputados; el Senado objetó varios puntos y ahora volvió a la Cámara baja.
En primer lugar, la comisión de fiscales señaló que antes de realizar “una reforma parcial es imprescindible reformar el sistema procesal vigente, en el que conviven cinco tipos de procedimientos”. En este sentido, explicitan su reclamo más fuerte: que las investigaciones judiciales queden en manos de los fiscales, debate que el proyecto oficial soslaya. Insistieron en que cualquier reforma debe “respetar a rajatabla los principios contenidos en los artículos 120 y 18 de la Constitución (el primero consagró la creación del Ministerio Público Fiscal y el segundo establece la garantía de defensa en juicio) no entendidos como privilegio de magistrados jueces, fiscales y defensores sino como derechos de los ciudadanos, víctimas, imputados y denunciantes”.
Con respecto al caso testigo de las fiscalías barriales, el escrito mencionó que la fiscalía de Saavedra tiene un “colapso de casos sin resolver”. En tal sentido, los fiscales proponen la existencia de “un funcionario de rango de secretario volante que dependa del fiscal, junto a la potenciación de la Oficina de asistencia a la víctima”.
Según la comisión, el proyecto con media sanción “habilita traslados (de fiscales) sin consentimiento” y “otorga más que discrecionales facultades al procurador (jefe de fiscales) de turno”. Por otra parte, señaló que el mecanismo de asignación de causas permitiría “manipular a fiscales y a los casos mismos”. La comisión de fiscales no se privó de señalar que este proyecto “tiene su génesis en las ideas del elaborado por (Rodolfo) Barra y (Angel) Agüero Iturbe”.
El trasfondo excede la conocida puja entre “federales” vs. “ex centauros”. Mientras en los pasillos de Comodoro Py los federales se quejan de que “van a terminar dirigiendo el tránsito en el conurbano”, quienes defienden el proyecto oficial les adjudican “falta de voluntad para abandonar sus despachos y conectarse con la realidad”. En el plano más político, los acusan de resistirse a perder poder y ellos se quejan de que es un proyecto encubierto de licuación de la Justicia federal, cuestionada por su falta de celeridad y eficacia durante la década menemista. Quizás el punto medio lo dio un camarista, quien rescató la necesidad de modificar la estructura judicial, pero sin avasallar garantías y derechos que no sólo atañen a la labor cotidiana de los fiscales sino también a toda la sociedad. “Sería como tirar el agua junto con el niño”, graficó.