Tres jueces ultramenemistas de la Corte. Más de 1200 páginas de explicaciones. Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López presentaron ayer a la noche, a través de sus abogados, su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Contestaron cargo por cargo y reflotaron el libreto con el que intentaron apartar a legisladores que intervienen en su acusación y son abogados. Sólo falta la contestación de Adolfo Vázquez, quien se defendería personalmente mañana.
El corralito financiero, el rebalanceo telefónico, la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, la explosión de la Embajada de Israel, la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula que establecía que los jueces debían jubilarse a los 75 años, la habilitación de la candidatura de Raúl “Tato” Romero Feris cuando estaba detenido e irregularidades administrativas del tribunal son los temas sobre los que tuvieron que explayarse los jueces.
Aunque los tres descargos no son idénticos, tienen puntos en común. Uno de ellos es el reproche a algunos de los miembros de la Comisión de Juicio Político, a quienes acusan, entre otras cosas, de “violar el derecho de defensa y debido proceso legal al no excusarse aquellos que como abogados actúan en el fueron federal; o que fueron denunciantes en los cargos formulados; o que expresaron declaraciones periodísticas demandando la destitución de los jueces”. No son críticas nuevas, los tres ministros -junto a sus abogados, los juristas Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio– ya las habían formulado. A pesar de esta reiteración, los voceros de los supremos quisieron subrayar que esta vez “la presentación carece de apreciaciones políticas sobre los cargos”.
Nazareno, Moliné O’Connor y López fueron los tres ministros más inquietos y agresivos durante esta etapa del juicio político. Pidieron la intervención de un veedor de la ONU, insistieron en acceder a las denuncias en su contra que estaban siendo estudiadas en el Congreso y atacaron a integrantes de la Comisión de Juicio Político. Además, intentando provocar un efecto boomerang, reclamaron el listado de diputados y senadores que cobran un plus por desarraigo, el mismo dato que los legisladores habían cuestionado al presidente de la Corte.
Los tres ministros objetaron “la escasa claridad de los cargos formulados” y pasaron a exhibir los argumentos al respecto. Por ejemplo, buscaron una fórmula para justificar dos fallos contrarios sobre el corralito, uno en relación a las restricciones bancarias aplicadas por Domingo Cavallo y el otro con la gestión de Jorge Remes Lenicov. Adujeron que en el primer caso –en que avalaron la medida– se trató de “una limitación transitoria para disponer del derecho de propiedad de los ahorristas” y en cambio en el segundo –cuando declararon la inconstitucionalidad del corralito– dicen que “se tradujo en una confiscación al devaluar los depósitos programando su restitución a largo plazo y a valores depreciados”.
En relación con la causa sobre el atentado a la Embajada de Israel, en la que los diputados cuestionan la demora y posible negligencia en la pesquisa, los ministros dijeron que se trata de un tema que ya fue rechazado por la Comisión de Juicio Político en 1998. Por lo tanto, sostuvieron, es “cosa juzgada”. Así como el ministro Carlos Fayt presentó diplomas junto con su descargo, Nazareno, Moliné y López incluyeron en su carpeta un documento emitido por el Estado de Israel y hasta otro del Simposio organizado por la Universidad de San Andrés en Escocia con elogios al máximo tribunal por la investigación del atentado terrorista.
El trío también trató de demostrar que no hubo irregularidades administrativas. Los diputados habían sembrado la sospecha sobre la ejecución del presupuesto, sobre todo en relación a viáticos, licencias y extras salariales. Junto con Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez, que completan la mayoría automática de la era menemista, cargan con el abanico de todas las acusaciones de este proceso. Después de la presentación deVázquez, la Comisión de Juicio Político deberá elaborar su dictamen de acusación, que encuentra resistencia entre los legisladores menemistas.