El Gobierno lo venía adelantando desde hace meses, con insistencia, como si fuera su única carta de triunfo. Y ayer a la tarde lo lanzó por televisión, con un mensaje grabado ocho horas antes y que se transmitió por cadena oficial. “Esto no es un regalo, es un derecho”, aseguró Eduardo Duhalde en primer plano, mirando a cámara, mientras explicaba los puntos centrales del Plan Social para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. La frase del Presidente revelaba uno de los objetivos del programa, que es terminar con las prácticas clientelísticas en la ayuda social. Pero a pesar del entusiasmo oficial, el programa beneficiará sólo a un millón doscientas mil personas, menos de la mitad de los desocupados del país.
El plan que anunció Duhalde alcanzará a los jefes y jefas de hogar desocupados que no reciban otros planes y que tengan hijos menores de 18 años que vayan a la escuela. Según el Ministerio de Trabajo, se trata de “un millón doscientas mil personas” que comenzarían a recibir su subsidio a partir del 15 de abril. Y en una segunda etapa, sobre la que ayer no dieron ninguna precisión, se completaría la ayuda con planes para jóvenes y ancianos que no tengan ningún beneficio previsional. De esa forma se llegaría a los “dos millones” de beneficiarios, como aseguró a Página/12 un colaborador del ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof.
Las personas que reciban el subsidio deberán realizar alguna “contraprestación”, como “tareas productivas, comunitarias o de capacitación” que no impliquen más de cuatro horas de trabajo. En este punto, el decreto prevé una ayuda para las pymes en problemas financieros, que consiste en que estas empresas puedan incorporar a los beneficiarios del programa, aunque pagando la diferencia entre los 150 pesos y el sueldo básico del sector, más las cargas sociales. Esta posibilidad tiene que estar aprobada por el sindicato y luego debe ser homologada por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, también podría dar lugar a “fraudes laborales”, como denunció a Página/12 el economista Claudio Lozano, de la CTA. “Todos los planes que se han puesto en marcha con este criterio han posibilitado el fraude laboral”, criticó Lozano.
En las dos CGT la posición es distinta. Tanto la oficial que conduce Rodolfo Daer como la que dirige Hugo Moyano impulsaron la propuesta que beneficiará, en principio, a las pequeñas y medianas empresas. “Estamos de acuerdo en que las pymes puedan incorporar compañeros y paguen para completar el básico del convenio”, señaló el propio Daer a Página/12. En la esfera privada, la “contraprestación” de los beneficiarios tendrá un período de seis meses, como quedará expuesto en los contratos firmados entre el Gobierno y los empleadores. Aunque los contratos podrán renovarse por un lapso similar.
Una de las novedades más importantes del programa es la creación de un Consejo Nacional de Ejecución y Control, que estará integrado por tres miembros ad honorem del Ejecutivo, empresarios, sindicalistas, la Iglesia y organizaciones no gubernamentales. Este “consejo” es una de las apuestas más importantes del Gobierno, que aspira a legitimar la administración de los fondos sociales con el monitoreo de agentes externos al Estado. Además, el Ejecutivo invitó a los empresarios del sector petrolero, agrario y manufacturero –que serán afectados por las retenciones– a que se sumen al ente supervisor, para que vean “cómo se usan los fondos que aportan con los impuestos”. “La convocatoria fue a las empresas petroleras exportadoras, para que participen de la comisión de control del uso de fondos para el plan social”, confirmó a este diario un portavoz de la principal empresa del sector, de capitales españoles.
Al hablar de este nuevo programa social, el Gobierno insiste en usar la palabra “universal”. Es así, porque según el criterio oficial, la asistencia social del Estado llegará a todos los desocupados y pobres del país. En su mensaje, Duhalde afirmó que “el 15 de mayo no debe quedar ninguna familia sin ingreso en el país”. Sin embargo, si el programa llegará primero a 1.200.000 personas, la ayuda sólo favorecerá a la mitad de los jefes de hogar pobres del país, según estadísticas del Indec. El propio Duhalde admitió que el subsidio para jefes de hogar desocupados es el “primer paso” para crear el “derecho familiar de inclusión social” que llegará después.
Pero además de tener un alcance limitado, el programa sufrirá también los efectos de la devaluación y el alza de precios. Con el dólar a casi tres pesos, el monto que recibirán los beneficiarios equivaldrá a 60 dólares, lo que en la práctica podría funcionar como piso salarial para la actividad económica. “Se está validando una estructura distributiva regresiva, donde el nuevo salario mínimo son 60 dólares”, cuestionó Lozano en diálogo con este diario. La posición del economista refleja el dilema de la CTA y las organizaciones de desocupados, que decidieron participar del Consejo que supervisará los planes aunque no están de acuerdo con el importe del subsidio.