Es uno de los temas sensibles a la opinión pública, y el Gobierno lo sabe. El ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, presentó ayer ante los diputados de la Comisión de Previsión, que lidera Ovidio Zuñiga (PJ), el proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio. “Es un tema central para el Gobierno”, argumentó el ministro en su encuentro con los legisladores. La iniciativa, a la que tuvo acceso Página/12, está firmada por Eduardo Duhalde, Atanasof, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y se propone derogar las futuras jubilaciones de privilegio y recalcular las que están vigentes estableciendo una suma máxima de 3100 pesos.
Ante los diputados de la comisión, Atanasof explicó los detalles del proyecto, que establece un tope de 3100 pesos para los “regímenes previsionales especiales” y prevé la derogación de las jubilaciones de privilegio que benefician a miembros del servicio exterior, investigadores científicos y técnicos, docentes, funcionarios de los tres poderes del Estado nacional. La propuesta, asimismo, pretende derogar las jubilaciones especiales que reciben los ex presidentes y vices.
“Deben promoverse todas las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad jurídica de trabajadores tanto activos como pasivos, así como también alcanzar una mayor equidad en nuestro sistema previsional”, dice la propuesta oficial que recibieron los diputados. Además de mencionar uno de los reclamos del FMI y el Departamento de Estado, como es la “seguridad jurídica”, el proyecto de ley también hace referencia a “la demanda generalizada en la sociedad, que ha rechazado el mantenimiento de los regímenes previsionales especiales”.
El ministro de Trabajo explicó que en la actualidad existen distintos tipos de jubilaciones de privilegio, y que “el reto principal” será distinguir qué beneficios son producto de “importantes aportes durante toda una carrera laboral” y cuáles se obtuvieron con menores requisitos. El tope de 3100 pesos se aplicará sobre los últimos casos, para evitar que una persona que estuvo unos pocos años en determinada función reciba un monto que requiere más años de aportes.
Pero además del tope de 3100 pesos, el Gobierno quiere recalcular las jubilaciones de privilegio vigentes, lo que se hará según “los años efectivamente aportados y con la edad en la que se accedió al beneficio”. El proyecto de ley dispone que la entidad encargada de hacer el recálculo será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y que para ello deberá elaborar “una estructura de personal” y obtener “los recursos materiales necesarios” en el plazo que fije el Ejecutivo. En otras palabras, la Secretaría de Seguridad Social revisará las 9263 jubilaciones especiales que superan los 3100 pesos, y que según dijo ayer Atanasof, representan un gasto anual de 486 millones de pesos.
El recálculo de las jubilaciones también afectará a los beneficios “comprendidos en los regímenes especiales de cada provincia” que hayan sido transferidos a la Nación y que tengan menos años de aportes que “los del régimen provincial o municipal vigente a la fecha del otorgamiento”. Es decir, aquellos beneficiarios que se hayan jubilado sin cumplir con “los requisitos de edad” y los años de aportes previstos en su distrito. Esas jubilaciones suelen ser el resultado de favores políticos que otorgan los dirigentes de cada distrito.
Si las jubilaciones vigentes serán revisadas, las que se otorguen en el futuro estarán limitadas por este proyecto, que deroga definitivamente los regímenes especiales, como el que beneficia a los funcionarios diplomáticos y a los ex embajadores, entre otros.