Siete de cada diez argentinos creen que Domingo Cavallo es culpable –obviamente no el único culpable– en el caso del tráfico ilegal de armas, pero al mismo tiempo están convencidos de que todo terminará en la impunidad. Al final, no habrá ni culpables ni detenidos. La sospecha sobre la Justicia es muy grande: son más los que sostienen que el magistrado que mandó a detener a Cavallo actuó por motivaciones políticas que los que creen que actuó ajustado a derecho. Como es lógico, la gente no opina desde el conocimiento del Derecho ni del expediente sino por la impresión que tiene sobre Cavallo, sobre el caso armas, sobre los demás casos de corrupción y, en general, sobre la bronca acumulada contra el ex ministro.
Las conclusiones surgen de una encuesta semanal que realiza la consultora Ibope OPSM y que se denomina Monitor de Tendencias Sociales. En total entrevistó por vía telefónica a 800 personas de Capital Federal, Gran Buenos Aires y localidades del interior del país. La muestra respetó las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. La conducción de Ibope está a cargo de Enrique Zuleta Puceiro y el coordinador del trabajo fue Isidro Adúriz.
Es obvio que la encuesta no tuvo como objetivo determinar una apreciación legal de la población sobre el caso armas –sería parecido a preguntar si una persona debe ser operada o no, algo de lo que pueden opinar sólo los cirujanos–, sino que buscó calibrar odios, amores, confianzas y desconfianzas.
“En nuestra encuesta se ve una línea de interpretación que no ha variado respecto de todo lo investigado sobre el menemismo –sostiene Zuleta–. Hicimos encuestas sobre casos como el de Alfredo Yabrán, Emir Yoma, el propio Carlos Menem, Erman González y, por supuesto Cavallo. Lo primero que está presente es la conciencia de culpabilidad. La gente tiene fuertes sospechas de todos esos personajes y transporta de esa forma algo que lleva adentro y es que el gobierno de Menem fue una etapa rechazable.”
“Sin embargo, aún más fuerte que esa sensación, está la idea de que la Justicia opera en función de motivaciones políticas y que protege y garantiza la impunidad. Por eso, los encuestados no tienen expectativas. Están convencidos de que, al final, nadie va a terminar pagando sus culpas”, insiste Zuleta.
El juego es, entonces, diabólico. Aún cuando hay una nítida mayoría del 70 por ciento que cree que Cavallo es culpable y que por lo tanto está bien que lo hayan detenido, esa misma mayoría se prepara para la frustración sosteniendo que al final el ex ministro va a zafar. En una palabra, que todo es parte de una especie de maniobra política. Por ejemplo, ante la decisión del juez Julio Speroni de detener a Cavallo, el encuestado reacciona así: “Sí, está bien que lo detenga, pero nos están preparando un engaño. Simulan dureza, pero terminarán dejándolo en libertad”.
Para Zuleta, “esto claramente perjudica a la justicia. La gente está convencida que la impunidad va a ocurrir sí o sí”.
–Pero, ¿no es que el ciudadano acierta? En los grandes casos, como IBM-Banco Nación, María Julia Alsogaray, Matilde Menéndez, Alderete y otros, los acusados terminaron zafando.
–Sucede que hay un reclamo de verdad –explica Zuleta–, es decir correspondencia con los hechos. Pero paralelamente hay una verdad procesal que termina siendo otra, porque los tiempos son distintos, porque está el ritual de la justicia y las garantías a los acusados que está perfectamente bien que existan.
–Sí, pero lo concreto es que la gente termina frustrada y eso se ve en la encuesta.
–Efectivamente, la gente tiende a frustrarse, aunque mientras tanto pelea, reclama, exige una investigación patrimonial de los funcionarios y pide que vayan presos, aunque sea por otras causas.