En la sociedad argentina hay temas excluidos de la agenda por diferentes razones: porque se pretende evitar un debate para el que no hay soluciones o alternativas a la vista, porque hay intereses creados que hacen hasta lo imposible por acallar el tema y, al mismo tiempo, quienes están en la acera de enfrente de estos intereses consideran que no tienen las fuerzas o los recursos para modificar la situación. Pueden ser estos y otros motivos. También porque quienes tienen más para decir sobre cuestiones cruciales no tienen espacios y lugares para expresarse. El aluvión informativo no es sinónimo de comunicación y tampoco de comunicación democrática. Es más habitual escuchar hablar sobre los pobres, que oír hablar a los pobres planteando su situación, sus necesidades y sobre todo sus perspectivas. Es mucho más común encontrar que los excluidos den motivo para un título en función de estadísticas o estudios, que ver espacios donde los hombres y mujeres castigados por la marginalidad se expresen acerca de su realidad y de lo que entienden pueden ser las alternativas de mayor dignidad. Más allá del despliegue de algunos medios y de los grupos económicos que los controlan, la Argentina sigue siendo un país incomunicado porque la agenda de los temas que se debaten está en manos de muy pocos, porque hay muchos actores de la realidad nacional que no acceden a las posibilidades de expresarse, porque aun en los intercambios comunicacionales que se arman no están todos los que deberían y podrían estar. Los habitantes del interior del país siguen soportando las agendas temáticas armadas en Buenos Aires y los pobres continúan siendo “objetos” de la noticia pero difícilmente sujetos activos de la misma. La reforma política y social de la Argentina necesita también de un profundo cambio en el sistema de comunicación. Es un debate que los diferentes actores de la sociedad –también los legisladores– vienen postergando y que, por cierto, los grupos económicos concentrados que controlan los medios no tienen interés en alentar. No se trata de libertad de expresión, sino de un derecho que se sitúa muy por encima: el derecho a la comunicación de todos los actores sociales. Mientras este derecho no se haga efectivo, la sociedad se seguirá privando de una herramienta que aporta a la mejor participación política, los excluidos seguirán dando tema pero difícilmente hablando de su propia mirada, el interior seguirá viendo a Buenos Aires pero seguiremos sin vernos los argentinos entre todos y los excluidos continuarán siendo “objeto informativo” y no sujetos de su propia palabra. Una mejor democracia necesita de otra comunicación.