“Si no hacemos el esfuerzo de hacerlo bien, la gente nos va a sacar a patadas.” La coordinadora del gabinete social, Hilda “Chiche” Duhalde, aseguró ayer que el Gobierno debe administrar con transparencia la ayuda social, aunque luego admitió que ya hay denuncias sobre irregularidades en el manejo de los planes de asistencia. “Vengo recibiendo denuncias que dicen que los programas no son bien entregados, que no son genuinas las familias desocupadas, o que los invitan a participar de piquetes y para eso les pagan”, reveló la primera dama en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a donde viajó para explicar el recién lanzado plan para jefes y jefas de hogar desocupados.
Durante su visita a Entre Ríos, Chiche Duhalde se reunió con los intendentes de la provincia, a quienes explicó los detalles de la implementación del subsidio de 150 pesos que anunció, el miércoles, el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof. Con la descentralización impulsada por este gobierno, los jefes comunales se convirtieron en actores centrales de la asistencia social: se encargan de otorgar los planes sociales en sus distritos, aunque para ello deben crear “consejos económicos sociales” integrados por diversos sectores de la comunidad.
Algunos intendentes, sin embargo, no parecen tener mucho entusiasmo en incorporar a ONG, cámaras empresariales e industriales, centrales de trabajadores y sectores religiosos, como dispone oficialmente la política social de la Nación. A mayor participación de la comunidad, habrá más transparencia en la asignación de recursos, explican en la cartera que dirige la ministra Nélida Doga, aunque bajo la omnipresente mirada de Chiche Duhalde. Pero en la práctica ya comenzaron los problemas, debido a la poca disposición de algunos intendentes para sumar a las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de los subsidios.
La propia Chiche Duhalde reconoció esta situación. Cuando la consultaron sobre la entrega de los planes sociales a desocupados, remarcó que “eso depende de la fuerza que ponga cada uno de los intendentes en el control y de la creación de los consejos consultivos, que tienen que ser muy participativos”. Y luego señaló que en las quejas recibidas en estos días “algunos denuncian que los consejos consultivos a veces se arman a gusto y piacere de quienes los arman”. Por lo visto, en el Gobierno están comprobando que, a veces, en la práctica los proyectos no se aplican de acuerdo a su sentido original.
Chiche Duhalde tiene previsto reunirse con los intendentes de todas las provincias. Con el viaje a Entre Ríos ya empezó con esa tarea, que seguirá en Chubut, el lunes y martes próximos. De todas formas, muchos jefes comunales están satisfechos con la línea de la política social y destacan, entre otras cosas, que la implementación de un “distribuidor con un criterio claro” será un gran avance en la coparticipación de los fondos sociales. Un intendente del Conurbano, por ejemplo, explicó a Página/12 que este criterio permitirá que las comunas reciban el monto que les corresponde. En algunas provincias, los gobernadores tenían la costumbre de apropiarse de la ayuda social que la Nación enviaba a los municipios. Con la nueva norma, esto podrá evitarse.
Ayer, cuando se encontró con los intendentes entrerrianos, la primera dama insistió en que los subsidios deben ser otorgados por un consejo económico social, que tiene que representar a la comunidad. Y anunció que a mediados de abril “los intendentes de todo el país serán invitados a reunirse a mediados de mes con el Presidente y todos los ministros, para analizar la situación de los municipios”. Sobre este tema había conversado el jueves, en la Rosada, con los miembros de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a todos los intendentes del país. En ese encuentro, el titular de la FAM e intendente de Villa María (Córdoba), Eduardo Accastello, y los jefes comunales de las ciudades de Neuquén y Morón, Horacio Quiroga y Martín Sabbatella. Con ellos, Chiche Duhalde analizó la forma de “coordinar la eficaz instrumentación del nuevo programa social” que permitirá, según las estimaciones oficiales, que1.200.000 personas cobren un subsidio de 150 pesos. Pero para que se cumpla el pronóstico, antes deberá superar la resistencia de algunos intendentes y gobernadores.