Le fue bastante bien la primera vez, pero tendrá que volver. Los fiscales que investigan la masacre de Plaza de Mayo pedirán la semana próxima la ampliación de la declaración indagatoria que Fernando de la Rúa prestó el martes para que sea interrogado también sobre los cinco asesinatos producidos por la Policía Federal mientras cumplía la orden de “despejar la plaza”. Mientras tanto, la Cámara Federal estudia la situación procesal del ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal. Ambos están detenidos en ese proceso y podrían recuperar su libertad si la jueza no avanza en acusarlos por los homicidios. Por otra parte, el ex presidente Fernando de la Rúa fue citado como testigo en la causa referida a una supuesta conspiración para derrocarlo.
En el escrito que presentó ante la jueza María Servini de Cubría al declarar como sospechoso por la represión desatada el día de su renuncia, De la Rúa mencionó la existencia de un expediente que tramita en el juzgado de Norberto Oyarbide en el que se investiga un presunto “plan sedicioso” que contó con “grupos violentos organizados por objetivos políticos” de desestabilización hacia su gobierno. El magistrado lo llamó como testigo para las 11 del jueves próximo para que “aporte datos concretos si los conoce”. El juzgado solicitó informes a las policías Federal y de Buenos Aires y a la SIDE, además del envío de varios videos periodísticos filmados entre el 19 y el 20 de diciembre. Oyarbide pidió a los organismos de seguridad que informen qué columnas se movilizaron hacia el centro porteño desde el Conurbano y barrios de la Capital y qué personas las lideraban. En diciembre había trascendido la versión de que los dirigentes gremiales Hugo Moyano, Rodolfo Daer y Luis Barrionuevo habrían estado implicados en el supuesto complot. Pero sus abogados negaron que esos nombres figuren en el expediente.
En la Sala I de la Cámara Federal coinciden en que los argumentos por los que la magistrada encarceló a Mathov y a Santos no son del todo sólidos. La magistrada apeló a la gravedad e implicancias sociales de los hechos como variable para decidir que los acusados fueran presos, pero en realidad los delitos por los que los acusó son excarcelables. “Mathov es el primer preso por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, bromean en Tribunales. Sin embargo, esto no significa que los camaristas piensen liberarlos en lo inmediato porque aún no terminaron de analizar la causa. Cuando Servini procesó a Santos y Mathov, al igual que al indagar a De la Rúa, omitió los homicidios de los cinco manifestantes. “Si se prueba que quien tuvo el control de la situación ese día pudo evitar lo ocurrido y no lo hizo, pueden ser procesados también por homicidio”, razonó ante Página/12 una fuente allegada a la Cámara. Y especuló con la posibilidad de que los camaristas Gabriel Cavallo, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani indiquen a la magistrada que rectifique el rumbo de la pesquisa.
Dos pisos más arriba del despacho de Oyarbide, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers elaboraban ayer el pedido de ampliación de la indagatoria del ex presidente que presentarán el lunes. Aún ofuscados por el frustrado interrogatorio, deslizaron que De la Rúa debe ser indagado sobre el grado de conocimiento que tenía sobre lo estaba ocurriendo el 20 de diciembre y entienden que es necesario preguntarle quién estaba a cargo de la situación. “Está claro que un presidente no es responsable directo de lo que pasaba en la plaza, pero presumimos que existe una omisión en el debido control de las acciones de sus subordinados”, explicó a Página/12 uno de los investigadores de la fiscalía. En el mismo sentido, enfatizó que es inadmisible que el ex jefe de Estado insista en defenderse diciendo que no tuvo conocimiento “oficial” de las muertes. “Cualquiera podía discar el 107 del SAME y allí informaban sobre las personas fallecidas”, ejemplificó. Por otra parte, los fiscales entienden que De la Rúa debe ser indagado por todas las detenciones que se produjeron en el marco del estado de sitio, que en todo el país fueron casi 5 mil, dado que “él mismo habla de ese tema en su escrito”. Servini lo llamó a indagatoria acusado por la privación ilegal de la libertad de sólo 29 de los 200 detenidos que hubo en la Capital.