El nuevo tribunal que tendrá a cargo el juicio oral y público por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero iniciará el próximo lunes 15 de abril la instrucción suplementaria, etapa en la que se podrá citar a testigos que no fueron tenidos en cuenta por el juez anterior, se hará una nueva reconstrucción del hecho y se producirán nuevos informes.
El 3 de noviembre de 1995 una seguidilla de explosiones que se detonaron en la fábrica bélica de la localidad cordobesa de Río Tercero produjo la muerte de siete personas, heridas a doscientas y dejó una ciudad devastada. Esta es la causa que el juez federal Jorge Urso quería unificar con la investigación por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por la que puso preso a Carlos Menem, Emir Yoma y Erman González, entre otros.
Ahora, luego de que el juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, elevara la causa al Tribunal Oral 2, se tomará declaración el 2 de mayo al ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, quien está procesado en la causa por el contrabando de armas y fue uno de los que incriminó a Carlos Menem, a Emir Yoma y al ex titular del Ejército Martín Balza. Otros de los convocados a testimoniar son el abogado Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia que originó la causa armas; el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Máximo Groba; y Lourdes Di Natale, ex secretaria privada de Emir Yoma.
El objetivo de esta etapa previa, solicitada por el fiscal Miguel Angel Rizzotti, es descubrir por qué no se tomaron las prevenciones debidas a fin de evitar las explosiones. Fuentes judiciales indicaron que si durante esta instancia anterior al juicio surge la posibilidad de que haya existido otro delito más grave que el de estrago culposo que se investiga, las actuaciones podrían ser enviadas nuevamente al juez de Río Cuarto. También cabe la posibilidad de que el trámite continúe en el Tribunal Oral de esta ciudad y se concrete el juicio, oportunidad en que el fiscal Rizzotti podrá ampliar la acusación. En principio, ya hay varios civiles y militares imputados por el delito de estrago culposo.