La causa por el Plan Cóndor quiere levantar vuelo, pero aún no logra despegar. Los querellantes, familiares de las víctimas de aquella operación represiva del Cono Sur, solicitaron al juez federal Jorge Urso la indagatoria, y el posterior procesamiento y detención, de los represores Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Santiago Riveros, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi y Albano Harguindeguy. Este último es el único del grupo que aún no está preso por otras causas vinculadas con violaciones de los derechos humanos. El magistrado había pedido la opinión de la querella sobre su intención de elevar a juicio oral sólo el tramo del caso referido a las responsabilidades que tuvo el dictador Jorge Videla, ya procesado. El abogado Alberto Pedroncini rechazó la pretensión de Urso y explicó que “la investigación preliminar no está completa sin las medidas que solicitamos respecto de esos cinco ex militares”.
El letrado agregó que “toda la prueba necesaria está ya en el expediente”, de modo que una vez practicadas esas medidas “la causa quedará en condiciones de ir a juicio oral por los autores mediatos argentinos”. Quedaría pendiente como causa residual la parte referida a los ex militares uruguayos, paraguayos y chilenos.
Este proceso tiene por objeto la investigación de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas, cometidos durante la concertación y ejecución de la llamada Operación Cóndor, que tuvo como territorio de comisión de esos crímenes a la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Inicialmente fueron imputados por la querella los jefes de Estado de esos países que en la década de los 70, al frente de gobiernos militares, armaron ese plan persecutorio contra comunidades de refugiados políticos de cualquiera de los “Estados-parte” en el territorio de otros.
Además de la prisión preventiva de Videla, la Cámara Federal porteña ya confirmó los pedidos de captura internacional de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía secreta chilena), Pedro Espinoza, también alto funcionario de la DINA, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner y los militares uruguayos que operaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Los camaristas consideraron que la investigación debía extenderse “a la totalidad del territorio en el cual se desarrolló la operatoria criminal” y a “todos los niveles de autoría y participación”, esto es, a los autores materiales, mediatos, partícipes y cómplices. Por ese motivo, en julio pasado los querellantes pidieron a Urso, a cargo provisoriamente del Juzgado Federal 7, donde está radicado el caso, la imputación de Menéndez, Riveros y Bussi.
La indagatoria de Harguindeguy fue solicitada porque el Ministerio del Interior, que ocupó, tenía a su cargo la protección de la libertad y la vida de las personas. Y en el caso particular de la Operación Cóndor, la protección del derecho de asilo en territorio argentino de los perseguidos políticos de países limítrofes. Además, tenía la función de informar a los jueces intervinientes en los recursos de hábeas corpus interpuestos en favor de personas desaparecidas, que en todos los casos fueron contestados en forma negativa.
El llamado a prestar declaración indagatoria de Bussi, Suárez Mason, Riveros y Menéndez se propone para que expliquen el rol que tuvieron en la asociación ilícita investigada en la causa. A criterio de la querella, también deben ser indagados estos represores porque los casos de desaparición forzada de ciudadanos extranjeros imputados a Jorge Videla, que tuvo responsabilidad sobre todo el territorio nacional, se dividen entre los distintos Comandos de Zona según la jurisdicción territorial de cada uno de ellos respecto del lugar en el que ocurrió cada desaparición. “Con ambas medidas se logrará una determinación clara, sencilla y rápida de los principales miembros argentinos de la asociación ilícita y coautores de las desapariciones forzadas perpetradas como consecuencia de la acción de esa asociación”, escribieron los letrados en la presentación ante Urso. Según ellos, sumando los imputados argentinos a los extranjeros “se acredita que la asociación ilícita tenía diez o más miembros”.