No pudo ir personalmente, porque se encontraba en Río Turbio, pero mandó a su abogado. Y con el gesto, el ministro de Planificación, Julio De Vido, ratificó la querella por calumnias e injurias y el pedido de indemnización por 50 mil pesos contra Elisa Carrió. Lejos de amedrentarse, la líder del ARI se mantuvo firme: no sólo pegó el faltazo, sino que cuestionó públicamente al funcionario y prometió un desfile de pruebas y testigos en una futura audiencia oral. “Prefiero ser linyera y no cómplice”, explicó.
El juez Rodolfo Canicoba Corral había fijado para hoy al mediodía el encuentro, en el que los dos contendientes debían rectificarse o mantener sus posiciones.
De Vido no pudo ir. Se encontraba viajado a Río Turbio, donde siete obreros murieron y otros siete permanecían desaparecidos luego del derrumbe de una mina de carbón. Aunque decidió quedarse en el lugar, siguiendo de cerca las tareas de rescate, dio instrucciones a su abogado, Marcelo Buigo, para que se acercara a Comodoro Py.
Buigo explicó que el funcionario no estaba dispuesto a retractarse y que ratificaba la querella contra Carrió. De este modo, De Vido no sólo mantuvo viva la causa –que hubiera caído si no se presentaba– sino que confirmó su decisión de impulsar, al mismo tiempo, la demanda penal por calumnias e injurias y la denuncia civil, que exige una indemnización de 50 mil pesos.
Carrió cumplió con lo anunciado y se quedó en su casa, un modo de dejar en claro que no tenía en mente retirar sus palabras. Es más: en el momento en que supuestamente debería haber estado en el juzgado, la ex diputada formulaba una serie de declaraciones subiendo el tono del conflicto. “No quiero conciliar. Nunca voy a hacer esos cartelitos en los diarios rectificándome, eso jamás. Antes decían que hablaba porque tenía fueros. Ahora no tengo fueros. Tengo que probar la verdad. Y lo voy a hacer”, explicó.
En los próximos días, el juez le alcanzará a Carrió una copia de la querella presentada por De Vido, integrada en su mayor parte por recortes de diarios y revistas y grabaciones de programas de televisión, en los que se lo señala como el nexo entre Kirchner y los empresarios.
Carrió tendrá diez días para producir la prueba, lo que implica conseguir los elementos necesarios para demostrar que De Vido es lo que ella dice que es: “el cajero” y el “recaudador de campaña” de Néstor Kirchner. “No voy a adelantar la estrategia de defensa, pero sí anticipo que vamos a probar cómo crecieron las declaraciones juradas de algunos funcionarios y cómo pudo colaborar De Vido para eso”, aseguró ayer Carrió, que no parecía muy estresada con el tema. “Vamos a probar todo: lo que está dando sin licitación, como el acueducto Gas del Norte con Techint. Vamos a probar todo lo que está sucediendo ahora en el Ministerio de Infraestructura”, agregó. Y cuando le preguntaron por qué no llevaba ahora las pruebas a la Justicia, fue contundente. “Me gustaría poder ir a la Sigen a denunciarlo, pero no puedo porque ahí está su esposa, que es la número dos.”
Adrián Pérez, diputado del ARI y abogado de Carrió, avanzó con algunos detalles. “Vamos a pedir las declaraciones juradas de todos los funcionarios, incluyendo el Presidente. Y no sólo las de este año, que es pública, sino las de los años anteriores. Vamos a pedir las declaraciones en la AFIP, vamos a llamar a testigos, algunos de los cuales van a contar cómo De Vido recaudaba la plata”, aseguró en diálogo con Página/12.
Las declaraciones subrayan la decisión de Carrió de seguir adelante en la disputa, que ya tiene una breve pero intensa historia. Comenzó en marzo, cuando De Vido presentó la primera denuncia por calumnias e injurias contra la chaqueña. Después, enfurecido, pidió que se sumaran las penas, de manera que Carrió pudiera terminar presa. Pocos días más tarde retiró el pedido de prisión y hasta amagó con levantar la denuncia penal, pero la mantuvo en pie. Ayer la ratificó, y demostró que él también está dispuesto a avanzar con la causa. Mientras, Carrió lució serena y burlona: “Me estoy probando el camisón a rayas” y “voy a terminar como Giselle Rímolo”, dijo. Si los dos mantienen sus posiciones, la disputa culminará en una audiencia pública, el primer choque judicial gobierno-oposición desde la asunción de Kirchner.