La Oficina Anticorrupción (OA) inició de oficio durante 2003 un total de 246 investigaciones, de las cuales el 80 por ciento llegó a la Justicia, y detectó desde diciembre de 2000 al mismo mes del año pasado 96 fraudes en perjuicio del Estado con las declaraciones juradas de los funcionarios. Este organismo elaboró un informe de gestión en el que consignó que desde su creación, en 1999, la participación de la OA como parte querellante tuvo los siguientes resultados: se decretaron más de 80 procesamientos, se realizaron más de 180 declaraciones indagatorias y se dictaron aproximadamente 60 resoluciones de falta de mérito y 40 sobreseimientos. La OA acusó en Tribunales a una gran variedad de funcionarios, incluidos dos ex presidentes.
Un repaso por los casos más resonantes evidencia que en el juicio por irregularidades en la concesión de los corredores viales, en el que la OA es querellante, están imputados Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, Carlos Bastos, Roque Fernández, Nicolás Gallo, Jorge de la Rúa y Christian Colombo. El organismo anticorrupción del Poder Ejecutivo también está impulsando la acción penal contra el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino, por la contratación directa de servicios informáticos. Otras causas de importancia son: la que se le inició al ex funcionario menemista Raúl Granillo Ocampo por enriquecimiento ilícito, la que llevó al procesamiento de Jorge Ramos, funcionario de Presidencia de la administración menemista, por el caso del helicóptero Sikorsky que usaba el ex mandatario, y la que imputó al ex interventor del Comfer León Ginzburg.
Los datos referidos a 2003 pertenecen a la anterior gestión, a cargo de Manuel Garrido, actual fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. Los investigadores que trabajan bajo el mando del fiscal Daniel Morín, actual titular de la OA, informaron que durante el año pasado se iniciaron 939 carpetas de investigación, número sólo superado en 2000 cuando se abrieron 1133 expedientes. Según ellos, “el patrón común de ambos períodos es el inicio de gestiones presidenciales surgidas de elecciones en cuyas campañas electorales la cuestión de la transparencia y de la lucha contra la corrupción resultaron temas centrales de la agenda”.
Sin embargo, hubo un aumento de los denunciantes anónimos y una simétrica disminución de quienes se acercan a la OA y dan sus datos personales en las denuncias. En la OA consideran que esto no tiene que ver con la confianza en la voluntad política de iniciar investigaciones sobre hechos de corrupción, que se desprendería del mayor número de denuncias recibidas, sino con la “falta de respuestas por parte del Poder Judicial, que limita ese ánimo”. En tal sentido, “en tanto no existen certezas sobre el destino final de las causas judiciales, el temor de los denunciantes ante eventuales represalias, aumenta”. Por eso, la OA elaboró el año pasado un proyecto de ley de protección de testigos y denunciantes, que brindaría una cobertura ante riesgos laborales, económicos y de seguridad personal. Pero la iniciativa aún no recorre los pasillos del Congreso.