Entre los integrantes del “Olivo” italiano, coalición de centroizquierda, hay debates abiertos sobre temas que también preocupan a quienes piensan en este país sobre la reforma política como algo más que una maniobra de maquillaje. Entre las varias propuestas italianas, a modo de ilustración puede citarse ésta: “Cada partido abriría sus listas en cierta proporción a fin de darle amplio espacio a la sociedad civil, confiándole la selección previa de un largo número de candidaturas. No ‘independientes de izquierda’ cooptados por los vértices de partidos sino personalidades indicadas a través de consultas innovadoras, incluso vía Internet usando el modelo norteamericano ‘MoveOn’ [...] ...Esta unidad está por cierto en grado de funcionar como catalizador de pasiones electorales potenciales, desencadenar un creciente entusiasmo, multiplicar compromisos y energías, abatir egoísmos de facción y particularismos de aparatos” (“Ora basta!”, en MicroMega, 1/04). Aunque la propuesta puede ser inaplicable en este país por razones técnicas, la cita vale como referencia para mostrar la universalidad de la preocupación y, a la vez, llamar la atención de los legisladores reformistas de centroizquierda sobre la indispensable participación de la ciudadanía aún antes de llegar a la etapa final de las urnas.
Aunque en los discursos hay constantes menciones a esa participación, en la práctica se han escuchado en los últimos días diversas alusiones a futuras candidaturas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las que las listas electorales parecen ser tema exclusivo de los máximos caudillos, de la misma manera que se hizo siempre. El contexto de esas especulaciones está referido a la polémica, a veces sorda y en otras abierta, entre el presidente Néstor Kirchner y su antecesor Eduardo Duhalde. La disputa cada vez se parece más a una puja por el control de territorios y aparatos antes que la intención de remover los hábitos antiguos para darle paso a las innovaciones debidas al clamor popular.
No se trata tan sólo de un cambio de personas, sino de modificar la interpretación de lo que significa la democracia moderna en situaciones tan complejas como las que suponen la mundialización de la economía y la recortada autodeterminación de las naciones y pueblos. En demanda de abrir esos espacios, este lunes 21 tendrá lugar en Parque Norte la “Primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares”, que encabezan la Federación de Tierra y Vivienda y el Movimiento Barrios de Pie. En el documento de la convocatoria aseguran “que no estamos solamente ante un gobierno mejor que los anteriores, sino cualitativamente diferente. Asumimos, no obstante, que es un gobierno cargado de tensiones y en disputa y vamos a luchar para que se consoliden y profundicen las medidas a favor del pueblo y la nación y sean desplazadas las posturas regresivas que se oponen al cambio” (La Hora de los Pueblos).
Por expresiones como la citada, sus autores suelen ser mencionados, con significado peyorativo, como “oficialistas”, o sea tropa propia del Presidente. Es obvio que han decidido acompañar la gestión presidencial, a la que asumen “como una conquista del pueblo e intérprete de muchos de sus reclamos”. Opiniones críticas, en cambio, desconfían de la voluntad real de Kirchner de horizontalizar la democracia y, por el contrario, temen que su intención verdadera sea la fundación de una autocracia político-institucional, en la que las disidencias, aun con la mejor intención, no tengan acomodo. Dado que ciertos intelectuales orgánicos de la derecha, defensores ortodoxos del neoliberalismo aplicado en los años 90, son quienes repican con ese tipo de argumento, el “antioficialismo” es percibido como la expresión única de ese sesgo ideológico.
En ámbitos cercanos a las autoridades episcopales católicas circulan versiones que atribuyen a esos propagandistas de la derecha más conservadora una intensa actividad destinada a convencer a los hombres de la Iglesia de que el Gobierno, presuntamente copado por el izquierdismo subversivo de los años setenta, pretende secularizar a la sociedad hasta el punto de legalizar el aborto, por vía del congreso o del poder judicial. Dicho de otro modo: dado que se trata de una minoría política, están tratando de reclutar adhesiones que le sumen fuerzas que, por ahora, no tiene por sí misma. En la misma dirección utilizan sus influencias mediáticas para sembrar miedo y confusión en la sociedad, sobre todo entre las capas medias y altas, y para criminalizar la protesta social.
Habría que distinguir, sin embargo, entre esas campañas interesadas en congelar la historia y aquellas opiniones disidentes que se alzan desde legítimas inquietudes democráticas. No siempre estas opiniones tienen la solidez y la coherencia que se requieren para convertirse en alternativas de poder y más bien suenen como pareceres personales de algunos de sus líderes, sin que falten ególatras que imaginan, como en el cuento del espejo que dictaminaba quién era la más bella, que son propietarios únicos de la verdad o creen que sus sombras son tan largas como una leyenda. Hasta el momento, el Gobierno mostró escasa predisposición para aceptar la diferencia y tampoco la indispensable paciencia para escuchar puntos de vista contradictorios con los propios.
La línea trazada por el Presidente que excluye a lo que denomina “las corporaciones” es una calificación genérica que excluye de la nómina de sus interlocutores a entidades como las fundaciones económicas del neoliberalismo, las centrales sindicales y empresarias, las iglesias y diversas otras, a las que atribuye incapacidades varias para la innovación y el cambio. En otros casos, las relaciones de poder lo obligan a compartir la mesa con quienes fueron responsables directos, autores intelectuales y hasta materiales, de las políticas depredadoras de especulación y exclusiones que han dejado un saldo social lindero con la tragedia, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y entidades de la misma especie.
La antigüedad no es virtud, como suponen los que se quejan de la indiferencia preferencial, coro al que suelen sumarse algunos bloques legislativos, del peronismo y del radicalismo sobre todo, y que juntos podrían ser una nota preocupante si los conservadores extremos lograr reclutarlos en un frente único de contestación. Es decir, al modo venezolano de organizar la oposición al gobierno, dividiendo y enfrentando a fracciones de la sociedad. Por supuesto, si el Gobierno logra que los beneficios de la expansión económica lleguen a quienes se lo han ganado con mérito propio y años de escasez insoportable, si multiplica los empleos legítimos, si las políticas de subsidios se convierten en políticas de ingresos, en fin, si trabaja para los más necesitados y, por eso, los retiene a su lado, tendrá abiertas las posibilidades para construir una organicidad institucional más afín con su pensamiento, incluido el debido respeto a quienes, desde la derecha hasta la izquierda, manifiestan sus propias y distintas opiniones sin ánimo de conspiración sino de apuntalar al régimen democrático ya que, al fin y al cabo, es patrimonio colectivo y no propiedad privada de nadie.