Tan lejos y tan cerca, como la película de Wim Wenders. Esa frase encerró el dilema que vivió el Gobierno ante el asesinato de Martín “El Oso” Cisneros. Con el presidente Néstor Kirchner en tránsito de Rusia a China, el impacto de la noticia y de la indignación espontánea que se tradujo en estallido ante la comisaría 24ª quedó a cargo del Ministerio de Justicia y la Secretaría General de la Presidencia. Mientras que en Buenos Aires se intentaba “contener el caso” –Gustavo Beliz relevó a la cúpula de la comisaría a pocas horas del hecho–, en Moscú se percibía cierto enojo con José Pampuro y Roberto Lavagna, que en los días previos habían alertado sobre la “violencia” y la necesidad de “aplicar la ley” contra los piqueteros. Sorpresivamente, Pampuro salió a desmentir y aseguró que no quiso decir que la Argentina se está convirtiendo en un país violento, sino que hay “grupos que actúan en forma violenta”.
La percepción que se tenía desde Rusia, donde Kirchner no pudo entrevistarse con Vladimir Putin (ver página 6), coincidía bastante con la opinión que circulaba entre los grupos kirchneristas. Enterados del asesinato del militante de la FTV, los piqueteros más cercanos al Gobierno diferenciaban a los funcionarios del Ejecutivo entre aquellos que se habían sumado al discurso de “la derecha” (Pampuro y Lavagna) y quienes habían intervenido ante la ocupación de la seccional 24. Pero la preocupación principal de los kirchneristas –revelada a Página/12 por un dirigente nacido en Santa Cruz que es amigo de Kirchner– era que la ausencia del Presidente fuera aprovechada por “bandas desocupadas” del Servicio Penitenciario Bonaerense y ex presidiarios.
La información habría surgido de algunos organismos como el ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), el ministerio de Planificación y de las filas sindicales. “Quieren aprovechar la ausencia de Kirchner para liberar zonas, y no se descarta que hayan saqueos”, era la versión que provenía de funcionarios y empleados que conocen el conurbano. Las voces de alarma llegaron hasta los dirigentes piqueteros afines al kirchnerismo, y fueron tema de conversación en el velorio del piquetero de la FTV y en las movilizaciones que cruzaron el Puente Pueyrredón de provincia a Capital. Sin embargo, a esta altura es difícil saber si se trata de advertencias fiables o un nuevo capítulo de una eventual estrategia preventiva en la línea del “complot”.
Para el Gobierno, la jornada se presentó difícil desde muy temprano. Pasada la medianoche, cuando el subsecretario de seguridad Interior, José María Campagnoli, recorría en auto el Puente Pueyrredón y las comisarías de la zona, escuchó por radio que había problemas en la Boca. Campagnoli, uno de los hombres del ex fiscal Norberto Quantin y con lazos con la Federal, tiene una radio que capta la frecuencia policial. Entonces se fue para la comisaría 24. Allí ya estaban los piqueteros de la FTV, que habían ocupado las instalaciones porque el comisario no quería buscar al sospechoso del crimen de Cisneros. Al mismo tiempo, la gente de D’Elía se había comunicado con el viceministro del Interior, Rafael Folonier, que tiene diálogo con todas las organizaciones.
Sobre el terreno, cuando los piqueteros de la FTV seguían dentro de la comisaría de la calle Pinzón, Folonier salió a defender la actitud ante los piqueteros. “Esta es una política del Gobierno que nos ha dado resultados en el sentido de achicar la conflictividad social en las calles. Aunque algunos se preocupen en decir que es mayor, las estadísticas demuestran lo contrario, y con la base de que estamos trabajando para no haya represión”, señaló a los periodistas que hacían guardia en la puerta de la seccional. Eran palabras muy diferentes de las que había esgrimido Pampuro el viernes a varias radios de Buenos Aires: “Estamos asistiendo a procesos de irascibilidad y de actitudes que, evidentemente, transforman (a la Argentina) ciertamente en un país violento o, por lo menos, es el comienzo de una escalada”, habían sido las palabras destacadas por La Nación en su portada.
Esas declaraciones habían generado controversia, porque se sumaban, además, a lo que había dicho Lavagna al diario inglés The Financial Times. Y se publicaban justo cuando se producía la tercer muerte violenta de un joven, esta vez un piquetero, con participación o sospecha de complicidad por parte de la policía. Uno de los que salió a diferenciarse de Pampuro fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien dijo que no compraría su opinión y afirmó que la Justicia debía investigar las denuncias de D’Elía sobre la muerte de Cisneros. “Lo que hay que hacer es investigar y sancionar a los responsables. Y es por esto que siempre decimos: necesitamos unas fuerzas de seguridad involucradas en la protección, no en el agravio o en el ataque a la ciudadanía”, dijo Fernández.
Un rato después el propio Pampuro trató de aclarar los dichos que habían generado tanta polémica. Para eso dijo en ningún momento quiso decir que la Argentina se está convirtiendo en un país violento, sino que hay “grupos que actúan en forma violenta”. “Lo que me interesa dejar en claro es que hay grupos —y éste (por Quebracho) entiendo que es así— que actúan en forma violenta y esto ha quedado demostrado el día jueves”, subrayó. Aunque la aclaración pareció más acorde con el discurso de Kirchner, no todos pensaban lo mismo en la comitiva del Tango 01. Uno de los invitados del Presidente, el gobernador José Manuel de la Sota, acusó a los piqueteros de “despreciar los derechos de los demás” y de “tener una mentalidad autoritaria, fascista”.