Por A. M.

Hay juicios por robar un sandwich, e incluso por cuestiones aún más triviales. En Tierra del Fuego llegaron a proceso oral dos hombres acusados de haber pintado un cartel. Pero esto no ocurrió por la falta de selectividad de la Justicia sino como un nuevo caso de persecuc ión a militantes sociales. “El gobierno del ex gobernador Carlos Manfredotti inició varias causas como la nuestra, contra gente que sale a luchar en medio de mucha censura y con una Justicia que compra paquetes que les manda la policía sin hacer una investigación seria”, explicó a Página/12 Daniel Flores, uno de los acusados. Hace un mes comenzó el proceso pero fue suspendido en medio de un escándalo porque una mujer y su hija, citadas como testigos, denunciaron que les falsificaron la firma y que nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Tras la feria judicial, Flores y Nahuel Mieres, el otro procesado, podrían ser sobreseídos.
Tiene 48 años, vive en Ushuaia y es técnico universitario en minoridad y familia. Trabaja en un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social provincial. “A poco de haber asumido, Manfredotti sancionó un descuento del 30 por ciento en el salario de la administración pública, derogó el estatuto docente, sacó la circular por la cual ningún docente podía hacer declaraciones públicas y permitió la instalación en Río Grande de antenas satelitales para los norteamericanos, pasando por encima del Concejo Deliberante”, describió Flores en diálogo con este diario. “En el parque industrial fueron cerrando las fábricas más importantes y hubo pocos focos de protesta, salvo la fábrica Renacer”, completó.
Además de su tarea profesional, Flores es músico e integra el grupo Jachamarca. Nahuel Mieres es un conocido artista plástico y muralista de la ciudad. “Somos más bien militantes sociales, reivindicamos las culturas originarias y apoyamos a los gremios en algunas manifestaciones, aunque no estamos afiliados a ninguno”, aclaró el acusado.
El 15 de febrero de 2001, a poco de haberse encontrado, fueron demorados por policías que estaban de recorrida. Los acusaron de haber pintado la consigna “Revolución o hambre CCC” sobre un cartel de una obra pública provincial: una cisterna de 5000 metros cúbicos que nunca fue terminada. Estuvieron detenidos ocho horas y finalmente sólo pudieron alegar en su contra que estaban “cerca” del cartel, a unos 30 metros. El defensor oficial Guillermo Echagüe argumentó en el juicio que la pintada era anterior al paso de los dos acusados por el lugar, y que ninguno tenía rastros de pintura. Y consideró “inadmisible que se haya efectuado una causa judicial y un proceso de más de tres años que derivó en un juicio, haciendo perder dinero al Estado con hechos de menor relevancia”.
El 14 de mayo comenzó el juicio oral, pero una hora antes se presentó la testigo para explicar que nunca estuvo en el lugar, como tampoco su hija, ambas citadas para dar testimonio. La mujer sospecha que sus nombres aparecieron en las actas porque su hija había mantenido hace tiempo una relación afectiva con un policía. Ante esto, el defensor pidió la nulidad de todo lo actuado y el archivo del caso. Pero el magistrado suspendió el proceso y ordenó que se abriera una causa penal para averiguar cuáles fueron las responsabilidades policiales.
Flores piensa que fue bueno que el caso saliera a luz porque no es el único. El año pasado fue enjuiciado un maestro por haber hecho una carta pública en la que criticaba la derogación de estatuto docente. Sin embargo, los acusadores del ex gobernador perdieron el caso. Y hace dos o tres semanas fue llevado al banquillo un grupo de sindicalistas de ATE, también acusados por la administración anterior. “El gobierno nos persigue por supuestos daños al patrimonio, como en nuestro caso del cartel, o nos acosa cuando estamos en la calle. Por ejemplo, cuando nos juntamos en el centro con otros artistas mientras Nahuel pintaba un mural de homenaje a Rodolfo Walsh la policía nos vigilaba de cerca y nos pedía documentos”, recordó Flores antes de despedirse desde Ushuaia.