Tres especialistas en derecho penal coincidieron en la necesidad de establecer la obligatoriedad de la extracción de sangre para reconocer la identidad de los hijos de desaparecidos. Durante un seminario organizado por la Procuración General de la Nación, los abogados también criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aceptó la negativa de una joven apropiada a realizarse los análisis. “Un simple pinchazo en un dedo de ninguna manera pone en peligro la intimidad ni la dignidad de una persona como argumentó la Corte”, opinaron los panelistas.
El 1º de octubre pasado, siete de los ocho entonces jueces supremos fallaron a favor de Evelyn Vázquez (con ese nombre fue anotada por sus apropiadores), quien se resistía a hacerse el análisis de ADN para saber quiénes fueron sus padres. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, los magistrados consideraron como una “verdadera aberración” que se le extrajera sangre a la joven si ella no estaba de acuerdo. En aquel momento, las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron enérgicamente la decisión de la Corte que privilegió el derecho a la intimidad sobre el de los familiares de conocer el destino de la hija de Susana Pegoraro, que nació en la ESMA. Los tres expositores le dieron la razón a las Abuelas.
“Según la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, Argentina tiene el compromiso de investigar. No sólo para saber qué pasó y dónde están los desaparecidos, sino también para saber la verdadera identidad biológica de los niños nacidos en cautiverio”, sostuvo Julio Maier. El integrante del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad fue uno de los panelistas del encuentro al que asistieron fiscales, abogados e integrantes de organismos de derechos humanos.
El principal cuestionamiento hacia la Corte fue que en su fallo equiparó la extracción de sangre con una declaración testimonial. Sostener esta idea llevó al tribunal a concluir que hacerle el análisis de ADN a la joven sería “no respetar su decisión de no traicionar los intensos lazos afectivos que mantiene con quienes la criaron”. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca consideró que “no hay derecho a disponer del propio cuerpo cuando induce a la lesión de los derechos de otros, en este caso los de la familia biológica”. También aclaró que “no hay incriminación en el acto de sacar sangre como tampoco hay protección en la negativa a hacerlo. Porque en el acto de extracción no está en juego la voluntad”.
El ex procurador general de la Nación Oscar Fappiano fue otro de los que participó del seminario. A su turno, destacó que el derecho a la verdad que se está vulnerando no es tan sólo el personal sino el familiar y el de “toda la sociedad argentina”. “Evelyn representa a cada uno de los niños apropiados del país. Amnistiar a sus apropiadores es amnistiar a todos los demás apropiadores. Pero por sobre todas las cosas es no reconocer el derecho a la verdad. Sin la verdad no se puede vivir”, finalizó.

Informe: Martina Noailles