La democracia argentina ha quedado encerrada en el corralito, tendido hace un mes para impedir el colapso del sistema financiero. El año pasado se fugaron del país 26.000 millones de dólares. Esta cifra es idéntica a la que los primeros 87 tomadores de préstamos deben al sistema bancario. También es obvia la identidad de quienes tomaron esas deudas y quienes fugaron esos recursos del país. Unos y otros comprenden a las mayores empresas nacionales y extranjeras y entre ellas en un lugar de privilegio a las que surgieron de las privatizaciones de la década pasada.
La masividad de las protestas populares que en diez días acabaron con dos presidencias se explica por el amplio espectro social afectado por el congelamiento. El 99 por ciento de las personas físicas atrapadas dentro del corralito son titulares de depósitos inferiores a 50.000 pesos que importan, también, 26.000 millones.
Esta impresionante asimetría demuestra que existen los recursos que permitirían liberar, en forma ordenada y sin afectar ningún derecho, los dineros que pertenecen a 13 millones y medio de titulares de depósitos y cuya inmovilización desató la reacción colectiva contra el gobierno que la dispuso y que también se llevó puesta al que lo sucedió sin comprender que el vendaval no sólo venía de los sectores más postergados de la sociedad.
Hay distintos mecanismos posibles para que la devolución de esas deudas o las garantías que las grandes empresas ofrecieron a los bancos al contraerlas sirvan para mantener el valor de los ahorros del conjunto de la sociedad. El más simple consistiría en que una ley disponga que a su vencimiento en las fechas programadas esos créditos no sean renovados. Con esos fondos se podría devolver el dinero de los depositantes. Sólo se requeriría la elaboración de un cronograma estricto, que permitiera a cada persona saber con certeza cuándo recuperará su depósito. Este es el camino más directo hacia la recuperación de la confianza, la normalización de la actividad económica y el restablecimiento de la cadena de pagos.
También sería factible crear con esas deudas un fideicomiso y recurrir a los organismos financieros internacionales y a los países que han ofrecido apoyo, como España y los Estados Unidos, de modo que adquieran dicha cartera. Eso proveería de liquidez al sistema financiero en forma inmediata.
Esta solución parte del reconocimiento del extremo grado de concentración existente en la economía argentina y propone una asignación más democrática de los recursos financieros. El camino seguido hasta ahora es el opuesto: garantizar con los salarios y los ahorros de trabajadores y pequeños ahorristas el financiamiento y la fuga de recursos por parte de los grandes triunfadores de un modelo que aniquiló el empleo y sumió a la mitad de la población por debajo de la línea estadística de la pobreza. Si el nuevo presidente Eduardo Duhalde ratifica ese rumbo y mediante la devaluación descarga nuevos costos sobre los asalariados, se reducirán los espacios democráticos, y comenzará a transitarse la salida represiva que denunció al irse el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.