Los planes de ajuste estructural que comenzaron a aplicarse luego del derrocamiento violento del gobierno peronista en 1955 podrían llegar a su fin el mes próximo, con efectos muy marcados sobre los escenarios político y económico. El presidente Néstor Kirchner y el ministro de Economía Roberto Lavagna tienen a estudio el rechazo explícito de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional reclama para mantener el acuerdo firmado durante el mandato interino del ex senador Eduardo Duhalde.
La hipótesis de no pagar
Cuando Kirchner se hizo cargo de la presidencia sostuvo que no podría pagar si el organismo reclamaba un superávit fiscal superior al 3 por ciento anual y no refinanciaba los compromisos por 6.000 millones de dólares que vencían en el resto de 2003. La Argentina tenía entonces sólo 9.000 millones de reservas.
El gobierno tensó la negociación con la amenaza de extender a los organismos multilaterales la moratoria ya impuesta a los tenedores de bonos argentinos. Esto hubiera obligado al Fondo a computar como pérdida los créditos impagos de uno de sus tres mayores acreedores. Esto hubiera profundizado la crisis interna ya insinuada con las críticas recibidas por el manejo que desembocó en el estallido argentino de 2001/2002. El FMI aceptó entonces un acuerdo ad hoc, conveniente para ambas partes: la Argentina le pagaría en fecha y el organismo le giraría luego un monto casi idéntico. El Fondo se aseguró así un trato de acreedor privilegiado respecto de los bonistas. En el año transcurrido desde entonces, el gobierno se dedicó a acumular reservas en el Banco Central. En marzo y junio de este año la Argentina pagó 750 millones de dólares. Dentro de una escalada creciente de presiones, el Fondo incumplió con el reembolso esperado de 730 millones. El próximo vencimiento con el Fondo, por casi 1.100 millones de dólares ocurrirá el mes próximo.
La amenaza de pagar
La Argentina contempla poner fin a un mal Rato que no es coyuntural ni depende de las actuales autoridades del Fondo. Por el contrario, lleva casi medio siglo y simboliza la derrota del proyecto nacional desarrollado durante la década peronista. En los catorce meses del gobierno de Kirchner las reservas se han duplicado, por lo menos. Hoy superan los 18.200 millones de dólares y rondarán los 20.000 cuando se les sumen los ahorros obtenidos por el Tesoro gracias a la recaudación record del segundo trimestre de este año, con un superávit fiscal próximo al 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Por su parte, los vencimientos con el FMI alcanzan a 12.000 millones, escalonados a lo largo de los próximos cinco años. La amenaza que hoy esgrime el gobierno no es la de incumplir esos compromisos sino, por el contrario, la de cancelarlos con las reservas acumuladas pero rechazar el pliego de condiciones del organismo, que se va conociendo por partes y que se modifica a gusto del acreedor.
Reformas
estructurales
Además de las metas monetarias y fiscales, que el gobierno considera sobrecumplidas, el FMI también exige lo que ahora llama reformas estructurales (una fraseología que en el pasado sólo usaba el Banco Mundial y con un sentido desarrollista). La única que el gobierno no ha cumplido hasta ahora es la de sancionar y promulgar una nueva ley de coparticipación federal. En mayo y junio las negociaciones con las provincias desataron una confrontación política de proporciones, en la que Kirchner logró aislar a Duhalde y al gobernador bonaerense Felipe Es Felipe, pero al costo de todo tipo de concesiones a las demás provincias. En su reemplazo, el Fondo aceptó que se sancionara una nueva “Ley de Responsabilidad Fiscal”, esta vez destinada a constreñir el gasto de las provincias. Su aprobación en la Cámara de Diputados ha recibido varias objeciones muy válidas, desde distintos bloques opositores, en especial las de Mario Cafiero, Héctor Polino y Claudio Lozano. Pero tampoco satisfizo al FMI, cuya óptica no peca de idealismo: la lectura del articulado indica que el prometido congelamiento de los actuales niveles de gasto será otra promesa incumplida, dado que no se prevén mecanismos de castigo para las desviaciones. Además, el gobierno nacional ha aliviado la situación de las provincias más comprometidas, haciéndose cargo de una parte sustancial de sus deudas, lo cual implica transferencias netas.
Siempre más
El Fondo no se priva de nada. En contra de las finalidades de su propio estatuto, pugna por un incremento de los precios al público de las empresas privatizadas, es agente de los bancos que claman por compensaciones de la pesificación asimétrica y sostiene que debe mejorarse la oferta a los acreedores del Estado. Con el indisimulado propósito de agregar pagos en efectivo a la oferta de canje de bonos que el gobierno ha hecho por su deuda en mora, el FMI presiona para que la Argentina eleve el superávit fiscal comprometido de 3 a 4 por ciento anual del PIB. Con un Producto Interno Bruto aproximado a los 480.000 millones de pesos ese 1 por ciento de diferencia equivaldría a 4.800 millones de pesos adicionales. Además, el Fondo insiste en que la política monetaria tienda a una sustancial apreciación del peso, de modo que un dólar cueste no más de 2,30 pesos. Si se computa la inflación corrida desde la devaluación de enero de 2002, esto implicaría un tipo de cambio real apenas 20 por ciento superior al de la convertibilidad. La combinación de ambas exigencias permitiría un incremento de 2.100 millones de dólares anuales en las transferencias al exterior. Pero podría haber más.
El 3 por ciento de superávit actual se destina al pago de la mitad de la deuda pública que no cayó en mora. Con la apreciación propuesta del peso, también de allí surgiría un excedente en dólares significativo para acrecentar los pagos a los bonistas. En definitiva: desde el punto de vista monetario, es tan viable aceptar como rechazar las condiciones del Fondo y queda por verse si alguna de esas hipótesis es sostenible sin estragos insoportables. Si además se analizan las consecuencias indirectas que tendría el allanamiento a las pretensiones del organismo, es indudable que la competitividad de la economía se hundiría varios escalones, los niveles de actividad (y de empleo) volverían a encogerse, lo mismo que los ingresos fiscales. Tampoco sería posible mantener las retenciones a las exportaciones agropecuarias e hidrocarburíferas que hoy financian la caja estatal y mucho menos exigir, como Kirchner está haciendo ahora, que las compañías petroleras perforen nuevos pozos y mejoren el deteriorado horizonte de reservas. El país ya conoce la catástrofe que implicó la devaluación salvaje del duhaldismo. Si se plegara a la coacción del Fondo, caería al abismo de la dolarización que postulaban el ex presidente Carlos Menem y su gurú Pedro Pou.
A buen entendedor
Hay en el gobierno quienes atribuyen el endurecimiento de las posiciones a la necesidad de Rodrigo Rato de diferenciarse, luego de tantas declaraciones de júbilo por la designación en Washington de tan buen “amigo de la Argentina”. Otros creen que no se trata de una política coyuntural del nuevo director-gerente sino de la continuidad de una línea histórica del organismo monitor de las finanzas de la porción del mundo que se extiende más allá de las fronteras estadounidenses. Tampoco hay unanimidad respecto de si el gobierno está decidido a lanzar tamaño desafío o si sólo esboza esa posibilidad para inducir a la reflexión y la cautela del adversario. En cualquier caso lo hace sin la crispación de 2003, porque ha aprovechado el año transcurrido para fortalecerse. Además, la posible decisión de pagar aunque el FMI no reembolse esos recursos es inobjetable desde el punto de vista jurídico. El cumplimiento de los contratos no puede provocar represalias.
En respuesta a la autodenominada autocrítica del FMI (en realidad una acusación a los últimos gobiernos por no haber apretado el exprimidor como proponía Ricardo López Murphy) el ministerio de Economía produjo un documento insólito en sustancia y estilo, que desmenuza en forma implacable los errores del Fondo. En vez de forzar la revaluación del peso, el gobierno impulsó su devaluación. Ni Kirchner ni Lavagna hablarán de correcciones periódicas del tipo de cambio, de paliar con el alza del dólar la caída en las colocaciones externas de soja, ni de corregir las asimetrías cambiarias con Brasil. Pero en silencio lo seguirán practicando, con compras de dólares que incrementan las reservas en 500 millones de dólares por mes y acarician uno de los raros círculos virtuosos de la economía aborigen. Tampoco permitirán que una cotización predeterminada y conocida opere como seguro de cambio para la especulación financiera, al estilo de la tablita de Videla-Martínez de Hoz o la convertibilidad de Menem-Cavallo-De la Rúa. De aquí a fin de año es previsible que la cotización oscile, según los días, entre 3,00 y 3,10 pesos por dólar. El año próximo el techo podría convertirse en piso y a partir de allí trepar hasta 3,20 pesos o 3,30 por dólar. En cuanto al superávit fiscal no hay voluntad de elevarlo por encima del ya exigente 3 por ciento anual. En cambio el gobierno procura inducir una baja de la tasa de interés, de modo de ampliar el acceso al crédito y estimular la actividad interna, tal como hicieron en momentos difíciles países que hoy son usados de ejemplo, como España e Irlanda.
Lo que vendrá
Es preciso introducir otros elementos para aproximarse a la complejidad de la situación real. Los 12.000 millones de dólares en cinco años que se deben al Fondo no deberían producir sobresaltos excesivos si se mantuviera el rumbo y el ritmo actual de crecimiento. Pero es obvio que no puede proyectarse como valor permanente un crecimiento de entre el 6 y el 8 por ciento, como el que ocurriría este año según las diversas estimaciones aceptadas. El propio Lavagna en sus proyecciones de largo plazo calculó un crecimiento promedio del 3 por ciento, lo cual ya sería un logro en comparación con la media de las últimas décadas. Además también deben considerarse otras obligaciones a cancelar, como los títulos de cortoplazo que se entregaron en el momento de la pesificación, por indemnizaciones laborales y fallos judiciales atrapados por el corralito. El año próximo sus vencimientos oscilarán entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, de los cuales el gobierno calcula que podría refinanciar 3.000. En tales condiciones, el riesgo de astringencia monetaria y la recaída recesiva no puede subestimarse. Pero en el marco actual la decisión con que el gobierno encara la nueva etapa quedó en evidencia en el fuerte incremento de las retenciones, dispuesto recién cuando las insaciables petroleras beneficiadas por el aumento del barril en el mercado internacional subieron el precio de las naftas para capturar más ingresos en el mercado interno, donde sus costos no se movieron.
Preparativos
El gobierno está empeñado en un proceso de acumulación de fuerzas imprescindible para sostenerle la mirada sin pestañear antes a Rato y sus aliados de la derecha económica (como el ex ministro López Murphy) y de la paleoizquierda pirómana. En el discurso, un amplio arco que va desde el centro-derecha republicano de Elisa Carrió y la UCR hasta el centroizquierda socialista o independiente, comprende la necesidad de sumar esfuerzos con vistas a esa confrontación por encima de las divisas partidarias (eso dijo Kirchner en Florencio Varela y no las “divisiones partidarias” como interpretaron algunos analistas) pero en la práctica se entregan con fruición al narcisismo de la diferencia.
A la luz de estos preparativos, pueden observarse los episodios políticos como algo más que una sucesión de imágenes planas, sin continuidad ni volumen. Así es posible entender mejor la confrontación con el duhaldismo y la inestable tregua posterior (para desesperación de Es Felipe, quien ¡desertó de un acto con diez mil personas al que lo había invitado Kirchner en Chacabuco por recelos del legislador provincial Julián Domínguez!); el acercamiento a un sector piquetero en procura de desgajarlo del resto, la toma posterior de distancia cuando uno de sus líderes ocupó una comisaría, y el mantenimiento de esa relación a pesar de tales chisporroteos; el próximo plenario nacional de agrupaciones solidarias con el gobierno que, por primera vez, incluirá también a sectores empresarios; la elección de la CGT unificada como otro interlocutor válido, pero sin indulgencia por los negocios sucios de algunos de sus miembros (Ginés González García podría contarle a la revista Noticias qué le dijo el presidente y en qué tono por su encuentro con Luis Barrionuevo, a quien el gobierno enfrenta en el PAMI); la próxima convocatoria al Consejo del Salario, la Producción y el Trabajo, en el que la CGT deberá compartir la representación con la CTA de Víctor De Gennaro y la UOM; la derogación del decreto de Menem que cubrió con banderas de oportunidad los restos de la destruida marina mercante; el establecimiento de un seguro de desempleo para los peones de campo; la posible aceptación de Kirchner de la presidencia del Partido Justicialista, sin renegar de las alianzas con sectores menos orgánicos que han mostrado voluntad de sumarse al intento de ruptura con tantos años de frustración y decadencia, cuyo éxito es una conjetura o una esperanza.