Página/12
en Francia
Desde París

El ministro argentino de Justicia, Horacio Rosatti, llegó ayer a la capital francesa encabezando la delegación que hoy acudirá a la audiencia del Centro Internacional de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi). Allí se expondrán los reclamos de la empresa Gas Transmisión Company, CMS, y la defensa de la Argentina. CMS recurrió al Ciadi, un organismo internacional que funciona dentro del Banco Mundial, con el fin de poner en tela de juicio la pesificación de las tarifas.
La demanda de CMS Gas Transmisión se eleva a 261 millones de dólares. CMS detenta cerca del 30 por ciento de las acciones de Gas Transmisión Company. Los argumentos argentinos estarán “apoyados” por una serie de testigos, entre los que figuran Jorge Remes Lenicov, Eduardo Ratti, los profesores Nouriel Roubunni y Ane Marie Slaughter, Cristian Folgar y Jorge Simeonnof. CMS estará defendida por el estudio norteamericano Freshfield Bruckhaus Deringer y por el estudio de abogados argentino M&M Bomchil Abogados, representado en París por los abogados Guido Santiago Tawil e Ignacio Monorini Lima. Entre los testigos presentados por la parte querellante figura el periodista y hoy dirigente de Evaluadora Latinoamericana Enrique Szewach. En diálogo con Página/12, el titular de la cartera de Justicia explica los argumentos de la defensa argentina y pone en tela de juicio el hecho de que las empresas recurran a tribunales arbitrales internacionales en asuntos como éste.
–Para la Argentina se trata de un caso emblemático porque es la primera de las 32 causas de arbitraje interpuestas por las empresas e inversionistas extranjeros.
–En efecto, venimos a encabezar la defensa de nuestro país ante un caso que se tramita ante el tribunal Ciadi. Se trata de un accionista minoritario (CMS) de una empresa privatizada, TGN, Transportadora de Gas del Norte, que cuestiona la pesificación de las tarifas. Más allá de los cuestionamientos que se tiene de este sistema de arbitraje internacional, que en gran medida está reemplazando indebidamente la jurisdicción local, la República Argentina viene a ejercer una defensa técnica. Tenemos la convicción de que no se ha violado ninguno de los estándares que están protegidos mediante el tratado de inversiones con Estados Unidos. Además de ello, la situación argentina a lo largo de la crisis y un poco ahora puede ser equiparada a un estado de necesidad que para el derecho internacional público y para el tratado entre la Argentina y Estados Unidos constituye un eximente de responsabilidad.
–Entonces es un caso que puede convertirse en un ejemplo.
–En un sentido sí y en otro no. El problema aquí radica en que el demandante es un accionista minoritario y a nosotros nos parece que un accionista así no debió llegar hasta este punto, sobre todo cuando la Argentina está renegociando con empresas mayoritarias, controlantes. Este es un juego a dos puntas. Por un lado la licenciataria está en el proceso de renegociación en la Argentina y, por el otro lado, una minoritaria está cuestionando en un tribunal arbitral las decisiones que toma el país. No nos parece que esto sea correcto. Pero, por primera vez en este tipo de casos, la Argentina va a esgrimir argumentos de fondo.
–¿Cuáles son esos argumentos?
–La Argentina considera que las evaluaciones que hace la empresa no responden a la realidad, los números no corresponden. Consideramos que no se puede hablar de expropiación como habla esa empresa. Cuando alguien expropia algo le saca el poder sobre el bien contra una indemnización. En este caso TGN sigue funcionando en la Argentina, sigue cobrando sus tarifas y entre un cuarto y un tercio de su actividad está dolarizada. Por lo demás, si hubiese algún atraso tarifario, para eso está el proceso de renegociación. Aquí no se ha expropiado una inversión y por esa razón la empresa sigue funcionando. Consideramos que la empresa se benefició a lo largo de todo el primer tramo de la concesión por cuanto cobró tarifas que, de acuerdo con el modelo de la tarifa que debía cobrarse, eran mayores, incluían el riesgo país y tenían determinadas tasas que eran mayores a las previstas oportunamente en el pliego.
–También hay un argumento que atañe al funcionamiento de la economía de mercado y las inversiones
–Sin dudas. Cuando se comienza a cobrar la tarifa, en estos casos se tiene cuenta el riesgo país. Muchas empresas, ésta por ejemplo, tuvieron un margen de ganancia muy superior al que hubieran podido tener en cualquier otro país. Lo que hay que asumir es el riesgo empresario. Por consiguiente, si ha habido una política de endeudamiento de la empresa incorrecta o desmesurada esto no puede luego revertirse o caer sobre las espaldas de los consumidores. En la Argentina, el proceso de privatizaciones tiene como explicación mejorar y ampliar la prestación de los servicios en un marco de competencia y donde el riesgo empresario no esté siendo subsidiado por los consumidores. El tratado bilateral de inversión no puede ser una especie de seguro contra malas decisiones empresarias.
–Hay muchas otras empresas que siguen los pasos de ésta. De alguna manera el caso defendido en París es emblemático.
–Sí. Por esta suerte de sortear la jurisdicción local en el planteamiento de estos temas, la Argentina está siendo demandada en tribunales arbitrales por el orden de los 16 mil millones de dólares. Esto equivale a un año entero del presupuesto argentino de los tres poderes. Ni dentro ni fuera de la Argentina nadie cree que la política de los servicios públicos argentinos pueda ser dirimida en un tribunal arbitral como el Ciadi, que tiene un fuerte sesgo comercialista. Ocurre que entre tanto se dan las vicisitudes del proceso de renegociación, estos procedimientos ejercen presión, permiten maximizar una posición negociadora por parte de las empresas, sobre todo en un caso como el presente.
–Ahora bien, en este legajo hay algunas incidencias curiosas como la presencia de abogados que defienden a la empresa y un testigo, que es Enrique Szewach.
–Yo no hago ningún tipo de valoración. Simplemente destaco que en los años ‘90, por medio de estos tratados bilaterales, la Argentina cedió la jurisdicción de una forma en que no lo hizo ningún otro país del mundo. El proyecto partía con la privatización de los servicios, con lo que se puede estar de acuerdo o no, luego siguió con la privatización de la jurisdicción en caso de conflicto, que es lo que estamos viendo acá, y terminaba con la eventual privatización de la defensa argentina. Con ello tendríamos el servicio privatizado, la jurisdicción privatizada y casi se llegó a la defensa por parte de estudios jurídicos privatizados. El actual gobierno advirtió esta circunstancia y la defensa argentina está ejercida por el cuerpo de abogados del Estado. Nosotros hacemos esto porque somos argentinos, porque estamos con el capitalismo siempre y cuando incluya el riesgo empresario. De lo contrario estaríamos hablando de otra cosa. No nos interesa un capitalismo donde el riesgo empresario estaría cubierto por una suerte de seguro de cambio dado por el pago de los contribuyentes o el recurso a la jurisdicción arbitraria extranjera.