Ni las confesiones de Cecilia Bolocco sobre las dificultades en la pareja desde que su marido ya “no está en Argentina” lograron traer a Carlos Menem a declarar ante el juez Sergio Torres. El ex presidente estaba citado ayer como sospechoso por la venta irregular de Parque Norte al Sindicato de Empleados de Comercio. Era la segunda oportunidad que tenía de presentarse, pero volvió a faltar. Sus abogados plantearon la nulidad de la indagatoria y cuestionaron la acusación. El magistrado podría demorar algo más de una semana en resolver, pero todo hace pensar que pedirá su detención y extradición.
Pese a que el mes pasado dijo en un programa de televisión que esta vez cruzaría la cordillera para venir a dar explicaciones ante la Justicia, tal como adelantó Página/12 Menem no apareció. Sus abogados Alejandro Novak y Oscar Salvi le aconsejaron no moverse de Chile, porque era cantado que quedaría detenido en cuanto traspasara la frontera: aunque la Corte Suprema chilena se negó a extraditarlo, siguen en pie dos pedidos de captura dispuestos por los jueces Norberto Oyarbide y Jorge Urso. Ambos lo declararon rebelde después de sus múltiples faltazos a las indagatorias. El primero lo investiga por la omisión maliciosa de una cuenta en Suiza, el segundo por posibles sobreprecios en la construcción de dos cárceles.
Torres había citado al riojano para que contestara preguntas sobre la entrega de los terrenos de Parque Norte al sindicato que lidera Armando Cavalieri. La operación se concretó en 1998 con un decreto presidencial, pero el pago nunca se completó: quedaron pendientes 2,3 millones de pesos. El Gobierno de la Ciudad, que es querellante, dice que la venta fue ilícita, ya que se trataba de un predio municipal. Los delitos en juego son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y estelionato (despojo injusto de una propiedad ajena).
El escrito que presentaron los defensores de Menem, que tiene algunos párrafos en primera persona, reconoce la venta pero dice que como “acto de gobierno” realizado por decreto no puede ser revisado por la Justicia. “El Poder Judicial no puede intervenir en cuestiones políticas”, sostiene. Niega que hayan existido delitos alegando que el decreto en cuestión “cumplió acabada y puntualmente el itinerario administrativo”. Y, de todos modos, intenta desligarse de responsabilidades con el argumento de que la confección de la resolución fue delegada a otros funcionarios. “Nadie razonablemente puede exigir al Presidente que dedique ese tiempo para analizar los antecedentes”, dice.
“El motivo del llamado a indagatoria no existe”, abrevian los letrados al pedir la nulidad de la citación, que atribuyen a un intento para que la causa no prescriba. “No hay estado de sospecha”, insisten. “La posible configuración de delito surge solamente de la imaginación de funcionarios municipales que desde el comienzo recurrieron a las vías jurídicas más disparatadas para hacer valer su pretensión”, critican. También fundamentan que no pudo haber estafa porque “el comprador no ha sido engañado”, sino que “está imputado”.
Menem ya no usa la famosa excusa de la fractura en el húmero, que gastó ante otros juzgados y que no le impidió bailotear en su momento alrededor de una odalisca. Aunque en esta ocasión la artillería fue sólo jurídica, es difícil que Torres le dé otra oportunidad de declarar. Lo más probable es que al final lo declare en rebeldía y ordene su arresto, intervención mediante de la corte chilena.
Ni en esta ni en las otras causas en las que tiene pedido de captura, el ex presidente corre riesgo de estar detenido mucho tiempo. En principio, sólo lo apresarían para llevarlo a declarar. Sus abogados esperan algunas decisiones pendientes de la Cámara Federal y luego pedirán que lo eximan de prisión. Todavía, sin embargo, falta que otra Cámara, la del fuero penal económico, resuelva si revoca su sobreseimiento por la venta de armas. Menem sigue diciendo que vendrá a la Argentina este mismo año.