En breve habrá aumento salarial. Sólo resta dirimir las dos discusiones que se entablaron puertas adentro del Gobierno, una técnica y la otra política. La técnica versa sobre el hipotético recalentamiento de la economía que provocaría el incremento de marras y su consiguiente presión sobre los precios; la política, sobre la pertinencia de otorgarlo por decreto o producto de conversaciones que se realicen al convocar el Consejo del Salario, Mínimo, Vital y Móvil. Esta segunda alternativa era la que contaba, anoche, con más chances.
Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, coinciden en su concepción económica: ambos –si bien mantienen diferencias de matices que algunas veces crecen y otras disminuyen, según sea el tema– tributan a la idea del Estado como moderador del mercado y árbitro en la repartición del ingreso. Keynesianos, podrían llamarse. Obra pública, aumento del gasto público como inversión y traspaso de riqueza por ese camino (uno de los posibles) son los anatemas que se han dado a ejecutar. Esta semana anunciaron un incremento de las jubilaciones. Ayer, ambos y el titular de Trabajo, Carlos Tomada, estuvieron reunidos analizando la chance de aumentar el salario mínimo para el sector privado, en el corto plazo.
Si bien la decisión de fondo está tomada, en la Casa Rosada y en Economía discurren sobre algún peligro que podría acarrear dicho incremento. Parece irónico que en un país con la mitad de su población bajo la línea de pobreza un aumento de sueldos traiga problemas pero, he aquí las paradojas de la economía, parece que puede ser así. Uno de los principales miembros del staff presidencial lo explicaba de esta manera a Página/12: “Con el aumento en las jubilaciones, estamos volcando al mercado 1500 millones de pesos en un año, 600 millones de aquí a fin de año. Ya hay cuellos de botella en algunos rubros; por ejemplo, el cemento y los ladrillos están al límite de su producción. Si se llegara a derramar otra millonada al mercado mediante los aumento salariales, empezaría a jugar la ley de la oferta y la demanda, con lo cual los precios de esos productos subirían. Estaríamos en riesgo de generar inflación. Se está estudiando cómo evitar ese efecto no deseado”, dijo el funcionario de primera línea.
Paralelamente, Kirchner sostiene que tampoco es tan bueno mantener la gran cantidad de superávit que hoy tiene el Estado habida cuenta de que el exceso de ahorro generaría el efecto contrario, “secaría” la plaza.
Dirimir técnicamente estas cuitas, rápidamente, está en manos de Lavagna, si bien el Presidente está convencido de la necesidad de producir el aumento salarial.
La otra cuestión es menos compleja, de raíz política. Versiones que circularon ayer tras la reunión del Presidente con sus ministros de Economía y de Trabajo sobre el asunto, indicaron que el Gobierno “no descartaba un aumento por decreto”. Por cierto que, según confió un estrecho colaborador de Kirchner a este diario, la discusión era si se anunciaba tal como se hizo con las jubilaciones o si se convocaba previamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Esta segunda chance contaba ayer, en Balcarce 50, con más adeptos, habida cuenta de que permitiría consensuarla con los integrantes de dicho instituto, a saber, los sindicalistas de la CGT unificada y, tal como le adelantó ayer Kirchner a Víctor De Gennaro, la CTA (ver nota aparte).
Los dirigentes cegetistas están al tanto de esta alternativa. Por eso sonó a bravuconada la frase de Hugo Moyano, emitida anteayer tras la reunión con el piquetero Raúl Castells, sobre la posibilidad de llamar a un paro y marcha conjuntamente si no se convocaba al Consejo del Salario en el corto plazo.
El aumento salarial que pergeñan en la Casa Rosada es tanto para el sector privado cuanto para el público. Una hipótesis es incrementar el salario mínimo de los 350 pesos actuales a 400, y su consiguiente “empuje hacia arriba” a los sueldos más altos.
Pero ninguna cuestión técnica está definida aún. Sólo está la decisión política del Presidente y sus principales colaboradores. “Debemos ser exhaustivos en esto y no cometer errores, No queremos que una medida que es para el bien de los trabajadores después nos rebote con inflación. Estamos abocados a resolver este asunto”, reveló un integrante clave del gabinete a Página/12.