El aborto es la principal causa de muerte materna y tiene particular incidencia en los sectores más desfavorecidos. Si bien es una situación muy conocida entre las organizaciones de derechos humanos, en este caso lo confirma un estudio académico realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Las conclusiones del trabajo, que abarcó casos de todo un año en seis provincias, remarcan la necesidad de que el Estado intervenga sobre las complicaciones producidas por abortos inseguros y apunta también a la cuestión legal: la descriminalización del aborto.
“Es necesario mejorar la capacidad técnica y la calidad del trato en el manejo de las complicaciones de abortos, asegurar la consejería y la provisión de anticonceptivos posaborto a quienes se internan por complicaciones e introducir la aspiración manual endouterina para reducir el tiempo de internación y la morbilidad asociada a los legrados”, subraya el trabajo “Mortalidad Materna en la Argentina”, realizado por la especialista en el tema e investigadora del Cedes Silvina Ramos.
El trabajo determinó que el 27,4 por ciento de las defunciones maternas en las provincias estudiadas es producto de complicaciones del aborto y demostró que el riesgo de muerte materna aumenta diez veces cuando la estructura hospitalaria no es la adecuada. Entre las conclusiones de la investigación se recomienda, con respecto al modelo asistencial, lograr la descriminalización del aborto, “dado que la evidencia muestra que la clandestinidad de su práctica expone a las mujeres, especialmente a las más pobres de la sociedad, a prácticas que ponen en riesgo su salud y su vida”.
También se destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y redefinir la estrategia de la red asistencial “de tal manera que las derivaciones ocurran oportunamente y los servicios de salud donde se atienden partos y/o complicaciones de abortos cuenten con disponibilidad permanente de profesionales entrenados e insumos críticos para el manejo de la emergencia en obstetricia”.
Al respecto, se explica que está comprobada la eficacia del sulfato de magnesio para el manejo de trastornos hipertensivos, la aspiración manual endouterina para completar los abortos, los antibióticos para el tratamiento de la sepsis y se subraya la imprescindible necesidad de que todos los centros de salud cuenten con sangre segura. “La capacitación continua de los equipos de salud para promover la utilización de procedimientos y tecnologías eficaces para tratar los problemas de la emergencia obstétrica debería formar parte de la estrategia” para mejorar la situación, sostiene la especialista.
Con respecto a la prevención y promoción de la salud, se propone fortalecer las acciones en prevención del embarazo no deseado a través de servicios de salud reproductiva que incluyan “la consejería y provisión gratuita y sin discriminación de anticonceptivos de calidad, según las preferencias y necesidades de las mujeres”.
El relevamiento del Cedes fue realizado entre noviembre de 2002 y octubre de 2003 en Chaco, Formosa, San Juan, San Luis, Tucumán y Mendoza. En esta última provincia, las muertes por aborto llegan al 35 por ciento. Con una metodología cualicuantitativa, la investigación trabajó sobre las condiciones clínicas, sanitarias y socioculturales a las que estuvieron expuestas las 95 mujeres fallecidas que registró el trabajo.
Entre los factores de riesgo para la muerte materna al momento de la atención de la emergencia obstétrica se destacan “errores de diagnóstico, tratamiento ambulatorio sintomático y demoras en la derivación a centros de mayor complejidad”. También asegura que, entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, hubo una marcada demora en buscar ayuda profesional y afirma que ese factor tiene particular incidencia en el desenlace fatal de los casos. “El estigma asociado al aborto clandestino puede estar explicando esta demora”, sostiene la investigación.
Otro de los puntos que recoge el trabajo es la falta de involucramiento del hombre y la violencia ejercida sobre la mujer. Ambos factores dificultan “cuando no impiden” a las mujeres la adopción de prácticas anticonceptivas para evitar embarazos no deseados.
El fundamento del trabajo destaca que, internacionalmente, las complicaciones de salud durante el embarazo y el parto son responsables del 18 por ciento de la carga global de enfermedades de las mujeres entre 15 y 44 años.