Con los instrumentos primarios de la política económica que podría llamarse “keynesiana”, o sea el aumento del gasto fiscal en obras públicas y la módica recomposición de ingresos, el Gobierno parece decidido a recuperar en parte el mercado interno, reparándolo. Durante los primeros años ’70, en el último gobierno de Perón y con José Gelbard en el Ministerio de Economía, el sector del trabajo recibía la mitad de los ingresos nacionales. Treinta años después ese porcentaje descendió al veinte por ciento, merced a la obra en los ’90 del gobierno oligárquico autodenominado “peronismo moderno”, al mismo tiempo que se producía una masiva pérdida de empleos y la decadencia de la clase media en beneficio de la exclusiva y minoritaria cúspide de la pirámide social.
“La crisis de los noventa con el crecimiento acelerado de la desocupación, seguido de la marginación y la exclusión, provee las bases sociales del ‘fenómeno piquetero’ que se fragua en los años ’96 y ’97”, escribe Carlos Floria en la última edición del mensuario católico Criterio. A la inversa, la paulatina corrección de esas condiciones económico-sociales debería suponer la disgregación al mismo ritmo de tal fenómeno. Aunque suceda en el mediano plazo, eso esperan los que desde dentro y fuera del Gobierno piden paciencia y comprensión a los demás núcleos de la sociedad que demandan, al decir de Floria, “la legítima coerción del Estado” para conjurar el asecho de la anarquía. Durante jornadas como la de ayer, con cortes y marchas, las voces que demandan son múltiples y atraviesan la sociedad en diferentes sentidos. En los procesos sociales, sin embargo, la presencia de nuevos actores obedecen en términos relativos a la relación mecánica y automática de causa y efecto.
Así como los piqueteros no congregan a la masa completa de desocupados sino a una parcialidad fragmentada en múltiples expresiones con criterios y experiencias muy diversas, tampoco es posible suponer que el tránsito del subsidio a la producción formal desarticulará la trama interna que los vincula, que van desde la organización de huertas comunitarias, comedores, guarderías infantiles hasta cooperativas que ya cumplen actividades productivas. Más aún: dado el tiempo prolongado de exclusión, no son pocos los que carecen de calificación o antecedentes para incorporarse de un día para el otro a un empleo u oficio de cierta complejidad. Este déficit ya da lugar en la actualidad a que empresas pequeñas y medianas de la industria y el campo no puedan satisfacer con facilidad la demanda de mano de obra con las cualidades indispensables.
A estas dificultades objetivas, que pueden salvarse con planes de formación pero que requieren cierto tiempo, hay que sumarles la pérdida real de la cultura del trabajo y la formación de capas burocráticas o formaciones partidarias que no estarán dispuestas a resignar las posiciones que han alcanzado en el movimiento. Ni siquiera está agotado el debate acerca de la temporalidad o permanencia de los nuevos actores sociales. Es el caso del Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil que la CGT unificada desea reactivar y al que quiere sumarse la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), hasta ahora sin personería pese a su número de afiliados, que incluye a la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), una de las mayores organizaciones del sector llamado piquetero, en paridad de condiciones con las tradicionales representaciones obreras. Una situación semejante podría ocurrir en el campo de los empresarios a raíz de la flamante formación de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) que reúne a entidades variopintas –financieras agrarias, mercantiles e industriales– que atienden sobre todo al interés de la pequeña y mediana empresa.
Habría que considerar, desde ya, que a pesar de su juventud o eventual precariedad, aun sin el peso del hábito social o la tradición de otras entidades, es posible que estas novedosas formaciones sean las expresiones iniciales de la renovación institucional que demanda la sociedad para salir de viejos vicios de las representaciones públicas, tanto en el orden político como en el social y cultural. Una visión crítica positiva debería concederles la chance de demostrar su valor social, ayudando a preservarlas mientras tanto de la contaminación de los malos hábitos y de las trampas de cooptación o manipulación, ya sea desde la derecha como desde la izquierda. Hoy en día, la posición en el arco ideológico no es suficiente garantía de buena calidad.
Los sindicatos establecidos tienen una actitud de rechazo o, para decirlo en otros términos, reivindican el monopolio de la representación obrera, pero hasta el momento no tienen propuestas concretas, aparte de la preocupación retórica, para abrirles espacio a los que han sido excluidos de la formalidad productiva, ya sea porque perdieron el empleo o porque aun conservándolo son invisibles para todas las normas legales, incluso para la agremiación, pese a la importancia de su número, porque son trabajadores en “negro”, cuya precariedad laboral, salarios y horarios por jornada han retrocedido a condiciones vigentes antes de la organización desde el Estado de los sindicatos convencionales. No suena casual que Hugo Moyano, aduciendo que a “los desocupados no se los puede ocultar bajo la alfombra”, haya elegido como interlocutor a Raúl Castells, una expresión minoritaria del movimiento y cuyo comportamiento roza la picaresca o el delito, si se hace caso a los diversos relatos de su anecdotario, desde la época en que era lugarteniente de la jubilada Norma Pla.
Aconsejado por las circunstancias y también por los paradigmas de su origen político-partidario, el Gobierno opera tratando de reunir a las orillas opuestas en la misma corriente, la suya propia. Cumple las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya concepción del mercado sustituye al Estado, pero a la vez trata de reconstruir al mercado interno restituyendo al Estado el rol de árbitro compensador de la equidad económico-social, recibe a la CGT unificada y a continuación a la CTA, acepta el diálogo con algunos partidos de representación parlamentaria pero reniega de otros, alienta la formación de nuevas representaciones pero rechaza las que encabezan Carrió y López Murphy, no promueve una masiva y sustancial redistribución de ingresos para recuperar lo que perdió el sector del trabajo, pero mejora de a poco la situación de los postergados, abjura de la corrupción pero a la vez reconcilia posiciones con sectores del PJ sospechados por la sociedad de usar el poder como patrimonio privado, y así de seguido. Hasta el momento ha logrado sostener un nivel de expectativa social favorable y a la vista no tiene adversarios que amenacen o sean alternativas a su posición, aunque es posible que en la renovación legislativa del próximo año puedan darse algunos resultados parciales que demuestren cierto grado de desgaste o desencanto. Aún es temprano para arriesgar pronósticos porque en las volátiles relaciones de la política y la sociedad nada está asegurado de antemano.