No se trataba de informar sobre un nuevo plan de seguridad. Fue una visita de cortesía, pero tanto al ministro del Interior, Aníbal Fernández, como al secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, les alcanzó para conocer las opiniones de los senadores. Durante casi una hora, los dos funcionarios escucharon la preocupación de algunos legisladores por el posible traslado del delito a sus provincias. Hubo espacio para que, desconociendo la Ley de Seguridad Interior, la salteña Sonia Escudero, que precisamente preside la Comisión de Seguridad Interior, preguntara si el Gobierno pensaba poner integrantes de las Fuerzas Armadas en la calle para combatir el delito. Un discurso que precisamente Carlos Menem repitió durante toda la campaña proselitista en la que lo acompañó Escudero. Iribarne se comprometió a crear la Dirección de Inteligencia Criminal, que el ex ministro Gustavo Beliz se excusó de impulsar porque “la estructura no estaba aprobada por la Secretaría de la Función Pública”.
“No podemos anunciar nada del Plan hasta que no se sepa en detalle cómo será ese Plan”, arrancó el ministro. El encuentro se concretó ante la Comisión de Seguridad Interior, con la participaron de legisladores ajenos a ella. Fueron varios los senadores que señalaron que si el delito era eficazmente combatido en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, se trasladaría a otros lares. Así lo puntualizó, entre otras, la pampeana Silvia Gallego. Tanta fue la preocupación que el jefe de la bancada peronista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, recomendó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que nuclea a los responsables del área en cada una de las provincias.
“Se conversará mano a mano con los gobernadores. Discutiremos a fondo todos los temas”, respondió Fernández ante la insistencia de los senadores. En este punto, Iribarne comentó a los parlamentarios que ya habían tenido un encuentro con los responsables de la seguridad del sector nordeste de la Argentina. Para que no hubiera dudas, el ministro aclaró “que no será una política supranacional por sobre las provincias, sino una política nacional respetando las autonomías de las provincias”.
Escudero preguntó a los funcionarios “si el Gobierno pensaba utilizar a las Fuerzas Armadas para que ocupen las calles”. La respuesta no tardó en llegar y la brindó Iribarne. “La ley no lo permite”, le recordó el responsable de la Secretaría de Seguridad a la titular de la comisión. La ley en cuestión es precisamente la Ley de Seguridad de Interior. El planteo facilista de recurrir a los integrantes de las Fuerzas Armadas es esgrimido por Menem cada vez que enfrenta algún micrófono. De allí a que Escudero lo tome sin fisuras hay un largo trecho.
Iribarne también adelantó que en “los próximos cuatro años las fuerzas de seguridad incorporarán ocho mil efectivos a la Gendarmería, dos mil a la Prefectura y otros ocho mil a la Policía Federal”. El funcionario también señaló que se realizarán “operativos conjuntos con las fuerzas federales”. Comentó que la creación de la Dirección de Inteligencia Criminal tiene, entre otros objetivos, “unificar los datos que obtengan las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.
“Seremos implacables contra los delincuentes y los delitos comunes, también con el contrabando y los delitos económicos, para diferenciarlos de las protestas sociales”, destacó Iribarne. Para que no quedaran dudas, señaló: “No debemos considerar la protesta social como un delito, (pero) sí aquello que bajo pretexto de la protesta se cometa”. No hubo respuestas. El funcionario tuvo un discurso que no es muy escuchado en el Senado en los últimos tiempos. Más bien, y Blumberg mediante, las opiniones que se escuchan suelen recomendar penas y más penas.