El dirigente piquetero Luis D’Elía ratificó ayer ante el juez federal Claudio Bonadío que representantes de la empresa Angiocor SRL le ofrecieron el pago de una coima para asegurarse la continuidad del contrato de provisión de prótesis cardíacas al PAMI. En su paso por tribunales, D’Elía respondió las preguntas que en calidad de testigo le formuló el magistrado y aportó detalles de las reuniones que mantuvo con emisarios de esa firma.
D’Elía fue quien realizó la cámara oculta que Punto.doc difundió la semana pasada, en la cual aparecen el gerente de Angiocor, Horacio Pisano, y dos personas a las cuales está vinculado, Hugo Spaltro y José María Ferreira, ofreciéndole un soborno de 370 mil pesos mensuales. El propósito de la coima era garantizarse la continuidad del contrato de la UTE VAB –a la cual esa empresa estuvo asociada hasta la publicación de la denuncia– con el PAMI por 45 millones de pesos al año.
“Voy a demostrar cómo se les robaba la plata a los abuelos”, manifestó D’Elía al llegar a los tribunales de Comodoro Py para declarar ante Bonadío, quien tiene a su cargo la investigación del caso. También reiteró que “hubo dos reuniones” con uno de los directivos de Angiocor y que fue en esa ocasión en la que le propusieron el presunto pago de la coima.
La declaración de D’Elía ante Bonadío se extendió poco más de una hora y participó también el fiscal de la causa, Carlos Rívolo. El dirigente piquetero concurrió acompañado por la abogada Paula Lozano, aunque ingresó solo al despacho del juez.
“Amplié la denuncia y profundizamos algunos detalles. Les comenté todo lo que había ocurrido”, contó D’Elía a Página/12 sobre lo que declaró ante el magistrado. Bonadío y Rívolo le pidieron, sobre todo, precisiones de las reuniones que mantuvo con los representantes de Angiocor. El dirigente piquetero respondió las preguntas y se comprometió a acercar al juzgado la desgrabación de la cámara oculta realizada por la escribana Luciana Botta para que sea incorporada a la causa.
Bonadío le tomará hoy declaración testimonial a Carlos Antonio Sánchez, un miembro de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y vecino de D’Elía, que estaba en su casa el día en que Spaltro y Ferreira lo contactaron.
Por el juzgado de Bonadío ya pasó también como testigo Graciela Ocaña: la titular del PAMI estuvo anteayer con el juez. Según revelaron en el juzgado, Ocaña explicó que “le dio respaldo de la institución al piquetero para que presentara la denuncia ante la Justicia y así se hizo”.
Además de tomar declaración a los involucrados, Bonadío y Rívolo analizan por estos días si las imágenes de la cámara oculta pueden ser incorporadas como prueba al expediente. Se descuenta que los abogados de los denunciados se opondrán y argumentarán que en verdad fue el dirigente piquetero quien los forzó a cometer un delito. Los cargos por los que podrían ser imputados son tráfico de influencias, defraudación al Estado y cohecho activo.