Experimentado en materia de detenciones, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJD), Raúl Castells, protagonizó ayer la más insólita de su trayectoria. Estaba en una estación de servicio de la localidad de Gálvez, a 60 kilómetros de la capital santafesina, y acababa de dar una entrevista a la única FM del pueblo, Radio Gálvez. Eran las 9.10 de la mañana. Unos cronistas de otra emisora de la provincia se disponían a hacerle una nota cuando Castells observó que llegaban varios policías. “No puedo seguir hablando”, dijo el dirigente de desocupados y se entregó a los uniformados. La captura se realizó a pedido de la fiscal chaqueña Mercedes Riera, que el martes lo había declarado en rebeldía por no presentarse a declarar como imputado en la causa por la ocupación del casino Gala de Resistencia.
Unos minutos antes de ser detenido, Castells había aprovechado la entrevista que le hacían por radio para decir el lugar exacto en el que se encontraba. Según los periodistas que lo reportearon, antes había sacado el tema del pedido de captura en su contra. Minutos después, varios policías llegaron hasta donde Castells desayunaba con el dirigente de la CGT Edgardo Quiroga, de la rama sindical del MIJD.
Tras la detención, el piquetero fue llevado hasta la comisaría 2ª de Gálvez, donde permaneció incomunicado. Al mismo tiempo, el vocero del MIJD anunciaba una marcha a la Rosada para el martes próximo, en reclamo de la libertad del “principal opositor político” del Gobierno. “Castells es un preso político del kirchnerismo”, denunciaron. Poco después, en Gálvez, un grupo de manifestantes se juntaba en la puerta de la seccional para exigir que lo liberaran. Horas más tarde, Castells fue trasladado a Coronda, a la jefatura de la policía, donde se cumplieron trámites burocráticos. El raid del dirigente se completó con un nuevo viaje, esta vez a Resistencia, donde fue alojado en la alcaidía policial.
Castells pasó la noche en ese lugar, ubicado a diez kilómetros del centro de la capital chaqueña. Entretanto, los piqueteros de la provincia instalaron un campamento frente a la fiscalía número 10 de Resistencia para reclamar su liberación. Entre ellos estaba el principal dirigente desocupado del Chaco, Emerenciano Sena, un aliado del líder del MIJD. Ayer, Sena anunció que su agrupación se movilizará hoy hasta el Club Regatas de Corrientes. Hoy al mediodía, Néstor Kirchner encabezará un acto en ese predio. El anuncio hace prever conflictos: cuando le preguntaron si pensaba impedir el ingreso de los simpatizantes del Presidente como protesta por la detención de Castells, Sena respondió: “No descartamos nada”. La situación podría complicarse aún más porque para que los piqueteros del Movimiento 17 de Julio lleguen hasta la capital correntina deberán atravesar el puente interprovincial General Belgrano, que une al Chaco y Corrientes sobre el río Paraná. Ayer se informó que la Gendarmería custodiará esa vía de acceso por la visita de Kirchner.
La detención de Castells se produjo un día después de que la fiscal Riera lo declarara en rebeldía por no presentarse a declarar como imputado ante la Justicia chaqueña. Junto con otros seis dirigentes, el líder del MIJD está acusado del delito de presunta extorsión a causa de la ocupación del casino Gala de Resistencia. El 16 de julio, un grupo numeroso de piqueteros organizó una marcha a la gobernación del Chaco, que encabeza el radical Roy Nikisch. Como el gobernador no quiso atenderlos, los desocupados ingresaron al casino, que queda a unas cuadras, y pidieron alimentos. Castells fue uno de los encargados de negociar con el asesor letrado de la empresa, Carlos Varas. Tras llamar a unos gerentes a Buenos Aires, Varas aceptó en nombre del casino entregar 10 mil pesos en vales para canjear por alimentos en el hipermercado mayorista Maxiconsumo.
Además de esos vales, el casino usó mil pesos para comprar sandwiches de mortadela para los piqueteros. Uno de los propietarios del casino Gala es el empresario Emilio Blanque, aunque el negocio pertenece a una sociedad que comparte capitales privados y participación estatal. En el Chaco, la ocupación levantó críticas del Colegio de Abogados y de otras entidades, como también de las autoridades provinciales y nacionales, que pidieron la detención de los responsables. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, acusó a Castells de “entrar alegremente a un casino, robarse once mil pesos e irse a la casa como si no hubiera pasado nada. No está bien, para eso hay un Código Penal”, aseguró.
Sin embargo, los dueños no presentaron la denuncia y dijeron no haberse sentido intimidados por los ocupantes. De hecho, el asesor letrado del casino, Carlos Varas, declaró por escrito que no se sintió intimidado y que la empresa solía hacer donaciones. Como el hecho no había sido denunciado por los supuestos afectados, la causa fue iniciada de oficio por los fiscales. Así lo confirmó uno de los miembros del Tribunal de Justicia del Chaco, Ricardo Franco. Por esta razón, seis dirigentes fueron imputados de extorsión. A mediados de julio, todos ellos –salvo el líder del MIJD– se presentaron en la causa a través de un escrito en el que sus abogados plantearon un recurso ante el juez de garantías. Como el juez está estudiando el caso, esos cinco dirigentes siguen libres. Castells, en cambio, decidió no presentarse en la causa y fue declarado en rebeldía.