Por Irina Hauser y
Victoria Ginzberg

“Los nuevos jueces por lo menos saben escribir sujeto y predicado, conocen el Código Penal y son profesores de derecho.” La descripción descarnada proviene de un funcionario judicial que vivió el menemismo dentro del fuero federal, e intenta responder a la pregunta del millón: ¿cambiará algo en los tribunales que investigan al poder político con los cinco hombres que acaba de postular Néstor Kirchner? Un diagnóstico compartido en el Poder Judicial dice que la formación de los magistrados en ascenso, que ahora llegan a la toga por concurso y no por una servilleta, es tan importante como el empeño que tendrán que poner en revertir la cultura del favor. Pero para el quinteto que está cerca de conseguir acuerdo ese no es el único desafío en puerta. No sólo por la magnitud de las causas sobre corrupción y derechos humanos que asumirán, sino porque tendrán que convivir con colegas que nombró Carlos Menem y que siguen atendiendo en sus despachos, aunque tal vez más de uno tenga los días contados.
Esta semana el Presidente envió al Senado su lista de candidatos para cubrir los cuatro juzgados vacantes de los doce que componen el fuero federal y un trono en la Sala I de la Cámara, que quedó vacío tras la muerte de la menemista Luisa Riva Aramayo. Si Juan José Galeano termina destituido por las irregularidades en la causa AMIA –y esto es lo que seguramente va a ocurrir ya que el juez retiró la renuncia que había presentado–, Kirchner habrá tenido para entonces la posibilidad de nombrar a dos tercios de los jueces del fuero judicial que concentra los expedientes más sensibles. Y eso sin contar que no está para nada descartado que haya más alejamientos entre los que fueron nombrados por Menem.
Los nuevos muchachos de la Justicia tienen varios rasgos innovadores en común: son jóvenes (tienen menos de 42 años), tienen una extensa carrera judicial, enseñan derecho y para llegar a ser jueces tuvieron que pasar un concurso (que incluye un examen, entrevistas y evaluación de antecedentes) que es obligatorio desde 1998. Del grupo, tal vez los que más conocen las artimañas del fuero son Eduardo Freiler y Guillermo Montenegro. Ambos fueron nombrados fiscales en los noventa y ahora saltarán a camarista y juez, respectivamente. A ellos se suma Ariel Lijo, secretario también desde aquellos tiempos en la Cámara Federal. Pero ni a ellos ni a Daniel Rafecas y Julián Ercolini se les conocen contactos políticos fuertes. Quizá el que más puentes tenga con el Ejecutivo sea Rafecas, por su actual cercanía al procurador general Esteban Righi.
“Es probable que todos ellos tengan sus contactos, pero eso no es relevante en tanto sean profesionales”, dice un integrante de un tribunal de alzada. Un colaborador del Poder Ejecutivo en asuntos de Justicia agrega: “Creemos que los nuevos jueces actuarán con la independencia necesaria, que siempre es relativa”. Los conocedores del fuero marcan una diferencia central en cómo se armó el mapa del Poder Judicial en la década pasada, cuando las designaciones eran a dedo. “Antes, el que llegaba a la Justicia federal sabía que allí iba a hacer plata, más allá del sueldo. Ahora el que quiere hacer plata tiene que trabajar de abogado. Quienes hoy concursan para jueces, que no son tantos, es porque les gusta, les interesa hacer carrera y cuidar su prestigio”, explica un fiscal experimentado.
Los restos de la servilleta
“El cambio es positivo. Pero más allá de que los elegidos tengan un perfil académico y hayan concursado, el recambio tiene que seguir, tiene que haber un proceso en que los otros jueces federales de primera instancia se vayan porque hay peligro de que coopten a los nuevos para la joda”, advierte un camarista con despacho en Comodoro Py.
Los sobrevivientes de la vieja guardia –sin contar a Galeano, que ya está al borde del precipicio– son Claudio Bonadío, María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Ballestero, Norberto Oyarbide y Jorge Urso. Nada indica que tengan alguna estrategia común. Algunos optaron por el bajo perfil, y con diferentes resultados, tratan de distanciarse del estigma de la servilleta. Muchos están enemistados. “Servini hace la suya, igual que Oyarbide. Canicoba es quizá el más hábil y el que mejor se posicionó. Urso y Bonadío también están por su lado”, describe un juez. “Que yo sepa hace rato no se juntan a comer”, añade otro.
En el Gobierno y en los Tribunales de Retiro comparten un pronóstico: a Bonadío le toca el escenario más complejo. Ya el año pasado, el Ejecutivo celebró la decisión de la Cámara Federal de denunciarlo por haber metido presos a los ex dirigentes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja en la causa sobre la desaparición de veinte jóvenes de esa agrupación. Ahora quedó en la mira porque desde hace cuatro años debe investigar a Galeano y a los ex funcionarios menemistas que armaron una historia ficticia del ataque a la AMIA, pero marcha a paso lento mientras el tribunal oral que juzgó el atentado dejó esa trama al descubierto. De la sentencia reciente surge que Bonadío debería imputar a Carlos Corach. Pero el juez está unido al ex ministro por más que una servilleta, ya que fue su subsecretario legal y técnico en el gobierno de Menem, y por eso fue recusado. Para peor, la Oficina Anticorrupción (OA) lo denunció el viernes por favorecer a un ex director del PAMI, supuestamente a pedido del propio Corach.
El tribunal oral del caso AMIA también puso en la cuerda floja a Oyarbide, por haber actuado en protección de Galeano. A fines de octubre, cuando se conozcan los fundamentos del fallo, la acusación será formalizada. (Gabriel Cavallo fue otro de los cuestionados pero, por el momento, su situación no parece ser tan comprometida.) Oyarbide carga además con el juicio político que tuvo que atravesar a fines de los noventa por supuestas vinculaciones con una red policial de protección de prostíbulos. En esa época, la conducta de los jueces federales era analizada por el Congreso y el Senado lo absolvió gracias a un pacto entre menemistas y radicales.
El nuevo equipo
Hasta ahora en el fuero federal porteño sólo el juez Sergio Torres y el camarista Cavallo llegaron a sus cargos por concurso. A ellos se sumarán los cinco nuevos jueces. La entrevista pública con cada uno de los postulantes está prevista para el 12 de octubre. Previamente, desde la semana próxima, se podrán presentar impugnaciones.
Si el esquema propuesto por Kirchner queda intacto, Rafecas se hará cargo del juzgado N 3 que antes manejaba Carlos Liporaci, que renunció cuando estaba a punto de ser echado en medio de un escandalete por enriquecimiento ilícito. Le tocará seguir con expedientes cruciales como el de los crímenes cometidos en el área del Primer Cuerpo de Ejército, el de los sobornos en el Senado y el del uso de los gastos reservados por parte de los gobiernos en los últimos quince años. Lijo quedaría al frente del juzgado No 4, vacante desde que su cuñado Gabriel Cavallo ascendió a camarista. Tendrá, por ejemplo, la famosa causa Meller, que se convirtió en eje del juicio político a la mayoría automática de la Corte. Montenegro, desembarcaría en el juzgado No 7, que en otros tiempos lideró Adolfo Bagnasco. Allí están las investigaciones sobre el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura, el Plan Cóndor, IBM-Banco Nación y la megacausa que llevó preso a Víctor Alderete, en la que se tendrá que excusar porque actuó como fiscal. Ercolini, por su parte, llegaría aljuzgado No 10, del cual renunció Gustavo Literas. Allí tendrá la pesquisa sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner y una vinculada al banquero Raúl Moneta.
Si avanza, como parece que ocurrirá, el juicio político contra Galeano, lo más probable es que se abra un nuevo concurso para elegir a su reemplazante. Los rumores gubernamentales vaticinan que las próximas vacantes se producirían recién el año que viene.
Los cinco nuevos magistrados, cuya designación estaba pendiente desde hace más de tres años, son el puntapié para una renovación en el fuero que investiga los casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Pero, como señaló un camarista, “los nuevos de por sí no son un cambio, pero son la posibilidad del cambio. La transformación no se dará por los nombres sino por lo que los jueces demuestren en los hechos”.