Sabía que le tocaba el turno en la zona de Plaza de Mayo la última quincena de agosto. Por eso, el fiscal de instrucción Alejandro Molina Pico quiso estar preparado. Se sentó en su despacho y elaboró “una serie de medidas a modo de instructivo”, como él mismo definió días atrás en una entrevista, para que la policía supiera qué hacer en caso de desbordes o incidentes en la marcha prevista para el martes 31 contra la presencia de Rodrigo Rato. Página/12 tuvo acceso al “instructivo” para actuar frente a “acontecimientos originados en protestas sociales y políticas”, que “han importado la transgresión de normas del código penal” y que “no han recibido adecuada respuesta de los pertinentes órganos estatales”. Para eso, enumeró la posibilidad de que los piqueteros cometan una decena de variados delitos graves que habilitan detenciones sin orden judicial.
Aquel martes, mientras el hombre del FMI se reunía con Roberto Lavagna, manifestantes de Quebracho, la CTD Aníbal Verón, la Coordinadora de Unidad Barrial, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones de izquierda empezaron a quemar gomas en la puerta del Ministerio de Economía. Una vez iniciada la represión policial, hubo enfrentamientos con los uniformados. Sin embargo, la nota del día fue el centenar de detenciones que realizó personal de civil. El fiscal Molina Pico había dado la orden de reprimir y luego acusó a los detenidos de “atentado, resistencia a la autoridad, daño agravado e intimidación pública”, este último un delito no excarcelable. Ahora la causa pasó a la justicia federal, donde Juan José Galeano procesó a ocho manifestantes, bajo los mismos cargos que planteó el fiscal, de los cuales siete permanecen detenidos.
Molina Pico tuvo así la oportunidad de comprobar la eficacia de su instructivo, que en principio había dirigido el 13 de agosto al jefe de la comisaría segunda, Ernesto Lompizano. En dos carillas explicó que respecto de los hechos “clásicos”, no encontraba motivos para modificar “los cursos de acción habituales”. Pero frente al “sinnúmero de acontecimientos originados en protestas sociales y políticas”, protagonizados por “los grupos denominados ‘piqueteros’”, consideró pertinente darle ciertas recomendaciones.
“En caso de que las fuerzas del orden se encuentren ante la comisión de hechos que podrían importar la comisión de delitos penales contemplados, a modo de ejemplo, en los artículos...” y enumeró 11 partes del Código Penal que describen los siguientes delitos (de posible comisión piquetera): abuso de armas, homicidio, privación ilegal de la libertad, amenazas, usurpación, daños, interrupción del transporte de trenes, por agua o por tierra, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública y atentado contra el orden público. A continuación, le dijo al comisario que en esos casos “a fin de hacer cesar en forma inmediata los efectos del delito se sugiere el cumplimiento estricto de los artículos 183 y concordantes del código de procedimiento penal”, es decir, las normas que permiten a la policía realizar detenciones sin orden judicial. Esta excepción se refiere a los delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad.
“Si estimare que las fuerzas propias fueran escasas para restituir el orden”, siguió sugiriendo Molina Pico, “poner de inmediato conocimiento de los hechos a los superiores jerárquicos administrativos, a fin de que aporten las ayudas pertinentes”. En tercer lugar, indicó que el comisario deberá informarle “al suscripto”, y para eso dejó su número telefónico particular.
“Imagínese a un pobre comisario que está frente a mil personas con treinta efectivos. Bueno, en ese caso que me informe a mí y además al secretario de Seguridad, al jefe de la Policía y al señor ministro del Interior”, explicó Molina Pico la semana pasada al programa Acreditados, de FM La Isla. De hecho, aquel martes el fiscal sólo tuvo que decir “procedan”, y a los pocos minutos “estaban todas las autoridades en el lugar”. Se mostró muy satisfecho con la actuación policial de la jornada, “después que di el instructivo”. Y cuando los periodistas Miguel Paschetta y Julio César García Elorrio le preguntaron qué pensaba mientras elaboraba el “instructivo”, Molina Pico respondió: “Leo los diarios como cualquier argentino. Vienen pasando cosas y si soy fiscal no puedo esperar con la guardia baja el día de mi turno”.