Por Mirta Mántaras *

Proveer lo conducente al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo, es uno de los deberes que tiene el Congreso, según lo establece el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. Es lo que piden los obreros de Zanon, empresa abandonada por su dueño, con deudas varias y especialmente deudora con sus obreros a los que de un día para otro dejó sin fuente de trabajo, porque invirtió su dinero en la especulación. Los obreros arreglaron las máquinas e hicieron funcionar la fábrica, que actualmente produce con variedad, exportan y se han convertido en una fuente de trabajo genuino.
Realmente, éstos son los patriotas que necesita la Argentina para el progreso económico con justicia social y surge claramente que coincide con la obligación del Congreso. Por eso le piden que sancione una ley de expropiación de dicha empresa para que continúe una excelente gestión obrera.
No es mucho pedir y tampoco con ello se estaría cuestionando la propiedad privada que generosamente se garantiza aquí a nacionales y extranjeros.
Se trata, sencillamente, de una medida práctica en un país con tanta necesidad de trabajo genuino. Aquellos que demostraron que pueden gestionar con eficacia merecen ese beneficio para dar impulso a la producción que dignifica al trabajador que le permite comer en familia y amparar a sus hijos para que estudien y se desarrollen, otra responsabilidad indelegable del Estado (ídem art. 75 inc. 19).
La recuperación de fuentes de trabajo es un fenómeno argentino, producto de la creatividad de la que tantas veces ha hecho gala nuestro país. Es la forma en que en medio de la crisis extrema se hizo realidad el derecho a trabajar (art. 14 de la Constitución), uno de los derechos humanos esenciales. Paralelamente, el artículo 14 bis dice que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes: he aquí la diversa forma, he aquí la modesta y formidable manera de obtener dignidad y de reafirmar la identidad nacional.
Rechazar esta iniciativa sería premiar a quienes no les ha interesado el progreso del país y han contribuido a la exclusión social desdeñando sus responsabilidades.
Debiera ser una política del Estado sancionar una ley nacional de expropiación de las fábricas recuperadas del abandono, el óxido, las telarañas, el ocio forzado, la improductividad, pues, como se ha visto, van resolviendo al menos una parte del problema enorme de la desocupación y la miseria de los argentinos.

* Abogada de derechos humanos.