El futuro de la reforma constitucional en Santiago del Estero impulsada por el interventor federal, Pablo Lanusse, está en manos de la Corte Suprema, que podría avanzar hoy en la discusión del tema. Hasta ayer a la tarde, un sector importante del tribunal parecía inclinarse por disponer la suspensión de las elecciones de convencionales previstas para el 31 de octubre. Pero todavía no es seguro que esa postura consiga los cinco votos necesarios para un fallo. Una resolución en ese sentido amaga con desatar una crisis institucional en el gobierno provincial.
La convocatoria para que la provincia elija representantes que reformen la Constitución local quedó establecida en un decreto que firmó Lanusse en abril. Tomó esa iniciativa haciendo uso de las facultades legislativas que le otorgó la ley nacional que dispuso la intervención. Todos los partidos políticos, excepto el que lidera Héctor “Chabay” Ruiz, anunciaron su participación en los comicios y entregaron sus listas la semana pasada. Incluso lo hizo la UCR, pese a que el senador nacional de Santiago por ese partido, José Luis Zavalía, fue quien presentó la demanda ante la Corte.
Zavalía, que llegó al alto tribunal con el patrocinio de Gregorio Badeni, cuestionó el decreto del interventor que inició el proceso de reforma por considerarlo inconstitucional. Argumentó que no respeta la autonomía provincial y que la propia, Constitución santiagueña prevé que las modificaciones a su texto sólo se pueden encauzar previa ley de la Legislatura que disponga su necesidad. Por todo esto, les pidió a los supremos que hagan lugar a una medida cautelar que suspenda las elecciones de convencionales constituyentes.
Ese planteo tuvo eco en algunos integrantes de la Corte, que ponen en duda la legalidad de la iniciativa de Lanusse. Y según anunció un alto funcionario del tribunal a este diario, la balanza podría inclinarse en la reunión plenaria de hoy por darle la razón al caudillo radical y detener la maquinaria electoral. Pero aún hay otra idea con chances de ejercer contrapeso, y es la que sugirió a los jueces el procurador general de la Nación, Esteban Righi. A su entender, la Corte debería rechazar su competencia y mandar el expediente a la Justicia provincial.
“La intervención vino a Santiago para reestablecer las garantías republicanas, pero la Constitución lo impide, por eso es necesario modificarla. Por ejemplo, el sistema electoral no asegura la representación de las minorías, ahoga la independencia de los municipios y avala un sistema para que el poder político domine al Judicial”, señaló Luis Alén, ministro de Justicia de Santiago.
Si la Corte pone freno a la reforma, los funcionarios de la intervención anuncian renuncias en masa.